* Consultado por el listado de beneficiados hasta ahora, entre los que se incluyen abusadores sexuales de menores, criminales vinculados al Tren de Aragua y violadores de derechos humanos, Fernando Rabat, ministro de Justicia del Gobierno de José Antonio Kast, explicó que la legislación vigente desde el año 2023, salvo excepciones específicas, no excluye de manera general a determinados tipos de delitos del acceso a estos beneficios carcelarios.
En cuanto a los condenados por delitos de lesa humanidad, el secretario de Estado sostuvo que «no es este Gobierno el que ha iniciado o ha otorgado por primera vez ese tipo de beneficios carcelarios. Tiene una historia de 20 años, en que se han otorgado 40». Rabat abordó la polémica por las rebajas de penas otorgadas por vía administrativa, las que han generado críticas de la oposición, y particularmente de la Izquierda, motivando cuestionamientos al Gobierno, y descartando que se trate de un beneficio iniciado por la actual administración.
«Ésta es una ley que se encuentra vigente desde el año 2023 y, salvo casos muy específicos, no excluye tipos de delitos. Por lo tanto, hay que cuidar con que durante los últimos 20 años de aplicación de la ley han recibido beneficios carcelarios condenados por delitos de distinta gravedad», comentó. “Esta es una ley que no distingue, por regla general, tipos de delitos”, recalcó, junto con destacar el inicio de la tramitación legislativa del proyecto impulsado por el Ejecutivo, denominado “Nunca Más”, que busca impedir que condenados por delitos sexuales contra menores accedan a este tipo de beneficios.
Según explicó, la iniciativa pretende corregir un problema de interpretación legal que se arrastra desde febrero de 2022 y que también ha sido abordado mediante mociones parlamentarias. “Lo que esperamos es seguir la tramitación legislativa, puesto que, como lo instruyó el señor Presidente de la República, este problema debe superarse en lo inmediato”, afirmó. Asimismo, reiteró que entre la administración anterior y la actual se registran aproximadamente 375 casos en los que se concedió el beneficio de rebaja de pena a personas condenadas por estos delitos, cifra que, a su juicio, evidencia la existencia de un problema de interpretación de la normativa.
