Con una tasa de desempleo de 9,6%, la más alta desde 2021, y cientos de miles de personas que llevan meses buscando trabajo, la propuesta de permitir a los cesantes retirar parte de sus fondos previsionales responde a una angustia real. Quien lleva medio año sin ingresos no está pensando en su jubilación de dentro de veinte años, sino en cómo pagar el arriendo, la luz o el colegio. Esa urgencia merece una respuesta seria. Precisamente por eso, cabe preguntarse si recurrir a los ahorros para la vejez es la mejor solución. A primera vista, una medida focalizada parece más prudente que los retiros masivos de la pandemia, que movilizaron cerca de US$46 mil millones. Su impacto agregado sobre la demanda y los precios sería previsiblemente menor.
Sin embargo, el principal problema de esta propuesta no está solo en sus efectos macroeconómicos, sino también en sus consecuencias distributivas. Quienes enfrentan períodos prolongados de desempleo pueden tener trayectorias laborales intermitentes, lagunas de cotización y saldos previsionales reducidos. Para ellos, cada peso ahorrado es especialmente valioso, porque deben construir su pensión sobre una base más frágil. Retirar hoy una parte de esos recursos no significa únicamente disponer anticipadamente de dinero propio: también implica renunciar a la rentabilidad que podría generar durante décadas. Y quienes menos capacidad tienen para recuperar ese ahorro son precisamente quienes más necesitan protegerlo.
Es cierto que un retiro acotado tendría consecuencias distintas de una nueva extracción generalizada. Pero tampoco corresponde minimizar su costo previsional. La Superintendencia de Pensiones ha advertido que los retiros anteriores dejaron a millones de afiliados sin ahorros en sus cuentas. Aunque esas cifras no pueden extrapolarse directamente a una medida focalizada en cesantes, sí ilustran el riesgo de utilizar recursos destinados a financiar pensiones para resolver contingencias presentes. Incluso un autopréstamo, que parece una alternativa más responsable, enfrenta una dificultad relevante: supone que la persona volverá a encontrar empleo formal y podrá reponer lo retirado. Sin embargo, si esa reinserción no ocurre, la solución temporal puede terminar convirtiéndose en una pérdida permanente de ahorro previsional.
La respuesta debe fortalecer la protección frente al desempleo. Esto exige evaluar una mayor cobertura y suficiencia del Seguro de Cesantía, especialmente para quienes agotan sus beneficios, junto con capacitación e intermediación laboral que faciliten una reinserción efectiva. Si se requiere apoyo extraordinario, también cabe estudiar transferencias temporales focalizadas, con criterios claros de acceso y financiamiento transparente. El desafío no consiste en elegir entre la urgencia del cesante y su seguridad futura. Consiste en proteger ambas. Los ahorros destinados a la vejez no deberían convertirse en el sustituto de una protección frente al desempleo que debemos seguir perfeccionando.
* Alejandro Bravo, académico de Ingeniería Comercial, U. Andrés Bello
