El fallecimiento del ex lautarista condenado a 42 años de presidio por el crimen del cabo Luis Moyano, quien había solicitado el indulto a raíz de un cáncer terminal, abrió un debate transversal sobre cómo el Estado debe abordar las peticiones de liberación humanitaria frente a delitos de alta gravedad.
Desde la Izquierda, para el diputado del Frente Amplio (FA), Jaime Bassa, la resolución de este caso marca una pauta respecto al trato que deben recibir otros condenados. Enfatizó que “ni siquiera los más graves delitos comunes, como un asesinato, pueden compararse con los delitos de lesa humanidad” (…) Bajo esa premisa, argumentó que, dado que el ex lautarista no recibió el beneficio, tampoco deberían recibirlo los violadores de derechos humanos. Y sobre estos últimos dijo: «Indultarlos es una ofensa a la sociedad, es una ofensa a la democracia, no sólo a sus víctimas”. Manifestó que esperaba que el Presidente José Antonio Kast y el Gobierno “no cometan tremenda injusticia”.
Por su parte, desde la vereda de enfrente, la segunda vicepresidenta de la Cámara e integrante de la comisión de Derechos Humanos, Ximena Ossandón (RN), planteó una postura centrada en la compasión hacia los reos con enfermedades críticas. La diputada argumentó que estas prerrogativas presidenciales “deben verse caso a caso, independiente del crimen que haya cometido esa persona y del sector político que venga”. La legisladora defendió la idea de que los internos que se hallan en una etapa terminal o con facultades mentales severamente perturbadas, deben tener el derecho de morir acompañados por sus seres queridos. “Justicia no es venganza, y yo creo que ésta es una buena ocasión para que Chile avance en humanidad”, concluyó.
