El proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para las Policías y las Fuerzas Armadas, se votó este miércoles 7 de octubre en el Senado, luego de que la Cámara de Diputados aprobara por abrumadora mayoría el informe de la Comisión Mixta (111 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones). De este modo, la Cámara Alta despachó el proyecto de ley con 29 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención.
La propuesta busca establecer por ley un marco general para el uso de la fuerza de policías y militares en el cumplimiento de sus funciones, reemplazando la regulación actualmente dispersa en decretos, circulares, protocolos e instructivos. El texto establece reglas y etapas que van desde el despliegue disuasivo y la persuasión verbal hasta el control físico, el uso de elementos menos letales y, en determinadas circunstancias, la fuerza potencialmente letal.
El debate en el Senado, como era obvio, estuvo marcado por los cuestionamientos de senadores de oposición, especialmente de la izquierda, respecto de los límites que el texto establece para el empleo de la fuerza y, particularmente, para el uso de armas potencialmente letales. Por ejemplo, el senador socialista, Juan Luis Castro, valoró que la iniciativa entregue un marco legal para la actuación de policías y militares, pero advirtió que el informe de la Comisión Mixta mantiene dos problemas que, a su juicio, afectan el núcleo de la regulación. “La seguridad nacional es una responsabilidad fundamental del Estado, pero es una expresión demasiado amplia para definir por sí sola cuándo se puede disparar contra alguien”, aseveró. Según él, la ley debería precisar «expresamente» la existencia de un peligro grave o inminente para las personas. Y el segundo punto cuestionado por Castro se refiere a las normas sobre responsabilidad penal y a la remisión a las eximentes contempladas en el Código de Justicia Militar.
Otro de los cuestionadores fue el senador de la Democracia Cristiana Francisco Huenchumilla. Dijo que en términos generales el proyecto cumple con los estándares que había previsto durante su tramitación, pero agregó: “Yo estimaba que era importante, porque muchas veces el personal militar está compuesto por conscriptos y no tienen la experiencia necesaria”. A su juicio, la proporcionalidad entrega un criterio más objetivo para que después un tribunal pueda evaluar si la actuación fue adecuada a las circunstancias. “Creo que ahí se va a poder presentar a lo mejor un problema ante el juez, de acreditar si efectivamente en teoría se aplicó o no correctamente el principio de racionalidad”, dijo.
Y desde el Partido Comunista, la senadora Claudia Pascual cuestionó el resultado final de la Comisión Mixta. Sostuvo que el texto “consolida una marcada asimetría” que “prioriza la discreción y realidad e inmunidad de las fuerzas de orden y de la defensa por sobre el resguardo efectivo de los derechos fundamentales y de garantías civiles”. La senadora Campillai, por su parte, manifestó su rechazo señalando que los carabineros, en el marco del denominado estallido social, «dispararon 104 mil tiros de escopeta”. Además, dijo que es deber del Estado chileno «resguardar materias de derechos fundamentales». Por último, el senador Karim Bianchi, quien presidió la Comisión Mixta, defendió el resultado del acuerdo y puso el foco en la necesidad de entregar un marco legal permanente a las instituciones encargadas del uso legítimo de la fuerza.
