La conformación de las comisiones asesoras presidenciales para una Nueva Arquitectura del Estado y para la Modernización del Empleo Público constituye una señal valiosa. Ambas abren una oportunidad para preguntarnos no simplemente cuánto Estado necesitamos, sino algo bastante más importante: qué Estado necesitamos y para qué.
Racionalizar estructuras, eliminar duplicidades, revisar funciones, profesionalizar el empleo público y utilizar mejor los recursos fiscales son objetivos necesarios. Pero sería insuficiente reducir esta discusión al número de ministerios, servicios o funcionarios. El verdadero desafío consiste en insertar estas iniciativas dentro de una modernización integral del Estado, capaz de fortalecer simultáneamente sus capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas.
Los problemas públicos son crecientemente complejos, interdependientes y dinámicos. Enfrentarlos exige instituciones capaces no sólo de administrar correctamente el presente, sino también de anticipar escenarios, coordinar actores y evaluar permanentemente los resultados de sus decisiones. Por ello, las propuestas que surjan de estas comisiones debieran traducirse en medidas políticas, legislativas y administrativas coherentes con una mirada estratégica de largo plazo.
Aquí resulta especialmente pertinente el ideal de buen gobierno desarrollado por Pierre Rosanvallon. Un Estado moderno requiere responsabilidad (acountability) respecto de sus decisiones y resultados; responsividad, entendida como capacidad efectiva para escuchar y responder oportunamente a las necesidades ciudadanas; y legibilidad, que supone algo más profundo que transparentar información: implica hacer las decisiones públicas comprensibles para las personas.
Desde esta perspectiva, eficiencia y democracia no constituyen objetivos contrapuestos. Por el contrario, un Estado que utiliza responsablemente sus recursos, adopta decisiones basadas en evidencia, mide resultados, transparenta sus políticas y responde oportunamente fortalece la confianza institucional y, con ello, su propia legitimidad democrática. Las comisiones presidenciales representan entonces un buen punto de partida. Su mayor contribución será ayudarnos a transitar desde la discusión sobre el tamaño del Estado hacia otra mucho más sustantiva: su capacidad para crear valor público.
Porque modernizar el Estado no significa simplemente hacerlo más pequeño o más grande. Significa hacerlo más eficaz, eficiente, transparente, comprensible, oportuno y pertinente frente a problemas públicos cada vez más complejos. Y en tiempos de desconfianza institucional, construir un Estado que funcione mejor constituye también una manera concreta de cuidar y fortalecer nuestra democracia liberal.
* Augusto Parra Ahumada, Ingeniero Comercial, Postgrado en Ciencias Políticas UdeC
