El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia contra 17 personas responsables por la venta de licencias médicas falsas; el fraude supera los 30 mil millones de pesos de perjuicio para Fonasa y las Isapres. Según la investigación, entre los años 2020 y 2022 la organización habría emitido más de 80.000 licencias médicas fraudulentas, generando un perjuicio estimado para el Fondo Nacional de Salud de $31.571.798.633. En la audiencia de sentencia efectuada este lunes, se indicó que las penas variarían desde «los trece a veintiún años de cárcel efectiva» para los nueve doctores implicados en la venta de licencias médicas falsas, según lo informado por el fiscal metropolitano oriente, Álvaro Pérez.
Hasta ahora, los médicos fueron condenados en el esquema defraudatorio, donde se les acusó de tres tipos de delitos: asociación ilícita, lavado de activos y venta de licencias médicas falsas, las cuales eran otorgadas según la cantidad de días de reposo otorgados. En tanto, la jueza Alejandra García aseveró: “Participaron cada uno en el rol y con la aportación funcional que se ha establecido en los considerandos que anteceden, en la emisión y venta sistemática y masiva de licencias médicas ideológicamente falsas, y ocasionando uno de los mayores fraudes al erario fiscal de los que se tenga registro en la historia judicial reciente del país”. Y el fiscal Pérez aseguró: “Los que no fueron condenados a penas efectivas no fueron los médicos, si no que fueron compradores de licencias médicas, y esas personas fueron condenadas a penas de a lo menos cuatro años”.
La información entregada en la audiencia de sentencia indicó como responsables a 17 personas por la venta de licencias fraudulentas. Nueve serían médicos, dos personas identificadas como captadores, 4 compradores y 2 responsables de los centros de salud Dr. Mitite, Prevenir y Campos, donde se realizaban las consultas médicas falsas. Por último, en la información entregada este lunes se dijo que los responsables tendrán que restituir parte del dinero malversado. Lo anterior se debe a multas y una demanda civil interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado. Serían cerca de 25.000 millones de pesos.
