En un movimiento coordinado que marca un punto de inflexión en la tramitación legislativa, los senadores Alfonso de Urresti (PS), Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (FA) han presentado un paquete de 22 indicaciones conjuntas al proyecto de Reconstrucción. La ofensiva parlamentaria busca frenar lo que califican como disposiciones «regresivas» e inconstitucionales, emplazando al Ejecutivo a separar el debate ambiental de una iniciativa que, a su juicio, ha sido mal planteada.
Un blindaje contra la «regresión ambiental»
Las indicaciones presentadas por el bloque opositor no son menores: apuntan a blindar las áreas protegidas, restringir los llamados «ajustes cartográficos» y fortalecer la evaluación ambiental ante la relocalización de concesiones acuícolas. Sin embargo, el punto de mayor fricción reside en la norma que propone indemnizar a privados cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es invalidada.
El senador Diego Ibáñez no escatimó en críticas, calificando la propuesta del ministro Quiroz como un «invento» sin precedentes internacionales. «Estamos ante un mecanismo que opera como un seguro para el privado a costa del Estado, sin que este último reciba ninguna contraprestación», sentenció, alertando que la medida debilita la capacidad fiscalizadora en materia de contaminación.
La sombra del Tribunal Constitucional
El debate, nutrido por las preocupaciones expuestas por académicos y diversas organizaciones —incluyendo reparos desde sectores empresariales como la SOFOFA y la CTC—, ha instalado una duda razonable sobre la legalidad de la iniciativa. El senador Alfonso de Urresti fue tajante al señalar que la evidencia técnica expuesta en la comisión confirma que el proyecto vulnera el texto constitucional.
Ante este escenario, la oposición ha comenzado a explorar una ruta crítica: llevar el texto ante el Tribunal Constitucional (TC). «Estamos evaluando seriamente la presentación, porque el proyecto arrastra vicios de inconstitucionalidad que no podemos ignorar», sostuvo De Urresti, quien además reiteró la necesidad de desglosar el articulado para que las normas ambientales reciban el escrutinio técnico en su comisión especializada.
El llamado a la institucionalidad
Por su parte, el senador Ricardo Celis subrayó la unidad del bloque en esta arremetida, enfatizando que no se trata solo de correcciones técnicas, sino de una visión de país. «Este es un mal proyecto que le hace daño a Chile. Hemos sido claros con las autoridades: si se pretende legislar en materias medioambientales, el lugar idóneo es esta comisión y no a través de una vía paralela», concluyó.
La tramitación entra ahora en una fase decisiva, donde el Gobierno deberá decidir si mantiene el curso de su proyecto original o si, ante la presión parlamentaria y el riesgo de un bloqueo en el TC, opta por una reforma sustancial a los puntos más cuestionados de su articulado.
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