El conflicto ya trascendió la esfera pública. En paralelo al estado de alerta, la cúpula de la Cámara Nacional de Trabajadores Portuarios (CNTP) concretó conversaciones con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Biobío, liderada por Álvaro Ananías, buscando abrir un frente de diálogo técnico y evitar que la tensión institucional derive en bloqueos que afecten la cadena logística y el comercio exterior del país.
Un complejo conflicto administrativo y gremial amenaza con paralizar los terminales portuarios del país. La Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (CNTP) se ha declarado formalmente en estado de alerta, acusando al Gobierno de realizar prácticas antisindicales y de vulnerar la libertad de asociación consagrada en tratados internacionales.
El origen de la disputa no es menor: la presunta alteración unilateral de un histórico acuerdo de pensiones de gracia diseñado para el retiro digno de trabajadores de avanzada edad o con problemas físicos.
El origen del conflicto: De Boric a Kast
La trama se remonta a diciembre de 2022, bajo la administración del expresidente Gabriel Boric. En ese entonces, el Ejecutivo firmó un compromiso con la (hoy extinta) Unión Portuaria de Chile para otorgar 250 pensiones de gracia anuales entre 2023 y 2026. Durante más de tres años, el beneficio se distribuyó de manera transversal, sin exigir como requisito la militancia en una central específica.
Aunque el 13 de abril de este año la actual administración del Presidente José Antonio Kast ratificó a través de un acta que daría continuidad al proceso y tramitaría los casos pendientes, la estrategia dio un vuelco drástico en junio.
A partir de ese mes, el Gobierno comenzó a exigir que los sindicatos estuvieran obligatoriamente afiliados a la Confederación de la Unión Portuaria de Chile (CUPCH) para poder postular a los cupos, cerrando la puerta a las organizaciones independientes o adscritas a otras matrices.
Las tres claves de la denuncia portuaria
La CNTP fundamenta su ofensiva legal y política en tres irregularidades principales:
- Sucesión legal inexistente: El Ejecutivo sostiene que la CUPCH es la «heredera legítima» del acuerdo de 2022. Sin embargo, los denunciantes aclaran que la antigua Unión Portuaria era solo una coordinadora de hecho, sin personalidad jurídica ni estructura formal que permita transferir legalmente derechos u obligaciones a esta nueva confederación (creada recién en octubre de 2025).
- Guerra de cifras y representatividad: La CNTP acusa al Gobierno de validar datos inflados. Mientras la CUPCH asegura representar a 6.500 trabajadores, el gremio afirma que su fuerza real bordea los 3.300. De esa cifra, además, deben descontarse 500 estibadores de Valparaíso que se rigen por un convenio paralelo y exclusivo. Con esto, la CUPCH tendría cerca de 2.800 representados, quedando por debajo de los más de 3.000 que agrupa la CONATRAPORT.
- Vulneración de tratados internacionales: Al condicionar un beneficio estatal a la afiliación de una central específica, la CNTP acusa una «presión indebida» del Estado que viola el Artículo 5 del Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical.
Reacciones: «Se mina la confianza y la inversión»
Para canalizar el conflicto, la dirigencia sostuvo una reunión clave con el senador por la Región del Biobío, Gastón Saavedra, quien respaldó completamente a los portuarios y lanzó un duro emplazamiento a La Moneda.
«Los trabajadores, cuando hacen un acuerdo, los cumplen. Lo que se escribe por parte de un Gobierno se mantiene en el tiempo y se respeta. El fortalecimiento de la democracia se logra en la medida que se cumple con los derechos establecidos entre la dirigencia, el Gobierno y los empresarios».
— Gastón Saavedra, Senador.
Por su parte, Gabriel Rebolledo, coordinador nacional de la CNTP, advirtió sobre el impacto económico del quiebre institucional:
«Esta situación genera una desconfianza tremenda y mina todo lo que estamos tratando de avanzar en traer inversión extranjera o nacional».
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