Las cifras del primer trimestre de 2026 entregadas por el Banco Central constituyen una señal que merece una reflexión profunda. La economía chilena registró una contracción del 0,5 % y diez de las dieciséis regiones del país experimentaron una disminución de su actividad económica, evidenciando un desempeño económico, territorialmente heterogéneo. Entre ellas, el Biobío con – 5,2% vuelve a enfrentar un escenario complejo, que se suma a un período prolongado de bajo dinamismo productivo y a indicadores de empleo que continúan reflejando importantes desafíos para la región. Más que interpretar estos resultados únicamente como un ciclo económico adverso, corresponde entenderlos como una oportunidad para revisar las capacidades institucionales y las herramientas disponibles para impulsar estrategias para un desarrollo regional de mayor impacto.
Chile, desde su diseño constitucional e institucional, no es un Estado empresario. Sin embargo, el Estado desempeña dos funciones económicas esenciales. La primera es reguladora, garantizando certeza jurídica, competencia y resguardo del interés público. La segunda, muchas veces menos visible, es habilitante: crear las condiciones para que las personas, las empresas y los territorios puedan desarrollar plenamente sus capacidades, invertir, innovar, emprender y generar bienestar. En palabras de Mariana Mazzucato, el Estado no solo corrige fallas de mercado, sino que también puede actuar como creador y orientador de mercados, coordinando capacidades públicas y privadas para impulsar procesos de innovación y desarrollo.
Esta segunda dimensión adquiere especial importancia en regiones como el Biobío, cuya historia económica demuestra una extraordinaria capacidad industrial, logística, portuaria, forestal, energética, científica y universitaria. Como advirtiera Joseph Schumpeter, el desarrollo económico no proviene de la simple acumulación de recursos, sino de la capacidad de innovar y combinar de nuevas formas los factores productivos mediante un proceso permanente de «destrucción creadora». El desafío consiste precisamente en movilizar ese potencial mediante una gestión pública moderna, eficiente y orientada al desarrollo.
En este contexto, la modernización del Estado deja de ser una aspiración administrativa para transformarse en una política de desarrollo económico. La simplificación regulatoria, la reducción de tiempos de tramitación, la interoperabilidad institucional y la digitalización de los procedimientos públicos constituyen herramientas fundamentales para fortalecer la competitividad territorial. Como sostienen los Nobel de economía Philippe Aghion y Peter Howitt , el crecimiento económico sostenido depende de la capacidad de las economías para innovar continuamente y difundir el progreso tecnológico mediante instituciones que favorezcan ese proceso. Ello supone abordar los retos en dos dimensiones una de corto plazo evaluando procesos para identificar nudos críticos, espacios de mejora dentro de las limitaciones impuestas por el marcó institucional y promover una agenda de modernización del Estado y descentralización que fortalezca las capacidades institucionales para la gestión del desarrollo económico, con impacto social y ambiental.
No se trata de disminuir las exigencias regulatorias, sino de hacerlas más eficientes, coordinadas y predecibles, fortaleciendo el rol habilitante del Estado y contribuyendo a movilizar las capacidades productivas, logísticas y de innovación presentes en el territorio. Junto con ello, resulta necesario reimpulsar una agenda política, legislativa y administrativa que fortalezca las capacidades de los gobiernos regionales, entregándoles mayores competencias, mejores herramientas de gestión y mayores grados de autonomía para conducir su propio desarrollo. La descentralización no puede limitarse al traspaso de responsabilidades ni medirse exclusivamente por la magnitud de los recursos transferidos. Su éxito debe evaluarse por la capacidad efectiva de los territorios para construir valor público, atraer inversión, generar empleo de calidad, promover la innovación y mejorar sostenidamente la calidad de vida de sus habitantes.
Las cifras del primer trimestre de 2026 constituyen, más que un diagnóstico, una invitación a actuar. El desafío consiste en asimilar la modernización del Estado en su dimensión habilitante, debe complementarse en el desarrollo de capacidades territoriales endógenas, en una institucionalidad que reconozca la pertinencia en los flujos de las políticas públicas, planes y programas desde el button-up de aquellas iniciativas que en articulación de gobernanzas multinivel tienen su origen, liderazgo y articulación desde las regiones. Biobío presenta un capital social sobresaliente que en el contexto de un marcó institucional descentralizado puede habilitar alcanzar un nivel de desarrollo coherente con su historia.
La articulación de gobernanzas colaborativas multisectoriales para responder al desafío del desarrollo económico, en una región que cuenta con actores relevantes para la colaboración entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil, desde la construcción de una visión compartida que permita al Biobío ponerse de pie articular y movilizar todas sus capacidades en torno a la prosperidad y el progreso, entendido como la mejora de la condición humana. Converge con los propósitos del oportuno plan Biobío 2050. Como plantea Joel Mokyr, las sociedades alcanzan un desarrollo sostenido cuando logran transformar el conocimiento y la innovación en instituciones capaces de impulsar el progreso económico.
* Augusto Parra Ahumada, ingeniero comercial, Postgrado en Ciencias Políticas UdeC
