El delito rural ha dejado de ser un problema aislado de abigeato o robo de alambres para convertirse en una amenaza directa a la producción a gran escala. La magnitud del fenómeno quedó en evidencia tras revelarse una cifra alarmante: el 50% de los productores asociados a la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío) ha sufrido el hurto de insumos agroquímicos durante el último año. Frente a este complejo escenario, el SAG Biobío y la Asociación de Productores y Portadores de Insumos Agroquímicos (AFIPA) unieron fuerzas para capacitar a los actores clave en la persecución de estos ilícitos.
La jornada, organizada por el Observatorio de Delitos Rurales de Socabío, reunió a agricultores, alcaldes, fiscales y personal de Carabineros y la PDI. El objetivo principal fue nivelar conocimientos respecto a la estricta normativa, manipulación y trazabilidad de plaguicidas y fertilizantes, herramientas indispensables para que las policías y el Ministerio Público puedan detectar cargamentos sospechosos y desarticular los mercados informales de receptación.
El Seremi de Agricultura, Francisco Lagos, destacó que la seguridad en el mundo rural es una prioridad para la administración del Presidente José Antonio Kast.
«A través de la articulación público-privada, estamos levantando estas acciones que se integran directamente a la Mesa de Seguridad Rural de la región».
El fin del silencio en el agro
Por años, la falta de resultados desincentivó las denuncias en los sectores rurales. «La gente denunciaba una vez y, al no ver avances, desistía», explicó José Miguel Stegmeier, presidente de Socabío. Sin embargo, la creación del Observatorio de Delitos Rurales ha comenzado a revertir esta tendencia, logrando que el total de los afectados bajo su red denuncie los robos de maquinaria, motores, cables y agroquímicos que golpean a sus predios.
La urgencia de frenar el robo de químicos no es menor. Según detalló Jorge Contreras, director del observatorio, este delito impacta directamente en la mitad de la capacidad productiva de la zona.
Por su parte, Roberto Ferrada, Director Regional del SAG, recordó que la institución es el brazo fiscalizador del Estado en la materia, regulando desde el registro y bodegaje hasta la aplicación de estos insumos en los campos. Esta estricta cadena de control, aseguró, no solo busca dar garantías de seguridad a los productores frente a la competencia desleal del mercado negro, sino que es vital para proteger la salud de las personas, resguardar la sanidad vegetal y blindar el medio ambiente de químicos de procedencia desconocida. Con esta alianza estratégica, el agro de la provincia de Biobío busca cerrarle el paso a las bandas delictuales que amenazan su motor económico.
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