El Ejecutivo ingresó al Congreso, con carácter de suma urgencia, el proyecto de ley que crea un nuevo bono extraordinario de $30.000 por cada hijo o hija menor de 13 años. La iniciativa legal busca aliviar el bolsillo familiar frente al alza sostenida en el costo de la vida. De ser aprobada la ley de forma exprés en el Parlamento, la ayuda económica llegará de manera directa e inyectará recursos frescos a cerca de 2,3 millones de niños y niñas a lo largo del país.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia explicaron que el beneficio se diseñó bajo una lógica de alta eficiencia: el pago será completamente automático, por lo que las familias no tendrán que realizar ningún tipo de trámite ni postulación en plataformas web.
«Queremos que el dinero llegue a las familias lo antes posible», enfatizó la jefa de la cartera, María Jesús Wulf, quien se mostró confiada en que la propuesta recibirá un respaldo transversal en ambas cámaras debido a su impacto social. «Lo importante es que no tiene límite de hijos por familia; el aporte se calculará y pagará de forma individual por cada menor que cumpla con el rango de edad», detalló la ministra.
Para acceder a este beneficio en una sola cuota, las familias deberán cumplir simultáneamente con dos requisitos clave al momento de la entrada en vigencia de la norma: tener causantes que tengan hasta 13 años cumplidos al 1 de junio de 2026 y encontrarse dentro del tramo del 80% más vulnerable de la población, de acuerdo a la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).
La arquitectura del pago utilizará las redes ya existentes del Estado para evitar aglomeraciones y demoras. Las transferencias se canalizarán a través de las mismas instituciones que hoy administran las asignaciones familiares y los subsidios estatales, con un rol protagónico del Instituto de Previsión Social (IPS), que priorizará los depósitos electrónicos directo a las cuentas bancarias de los jefes de hogar. Una vez emitido el dinero, los beneficiarios contarán con un plazo máximo de nueve meses para hacer el cobro efectivo antes de que los fondos expiren. Con la suma urgencia ya dictada, la pelota queda ahora en la cancha del Congreso Nacional.
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