Apenas una semana después del balotaje, el optimismo democrático de Roberto Sánchez parece haber entrado en una zona gris. El candidato de izquierda, que hasta el 7 de junio exigía a su rival Keiko Fujimori comprometerse a aceptar los resultados sin vacilaciones, ha optado ahora por la ambigüedad cuando se le pregunta si él mismo reconocerá una eventual derrota.
Aunque Sánchez y su equipo técnico insisten públicamente en el respeto a la «institucionalidad democrática», el candidato esquiva dar una respuesta categórica.
«Todavía hay un tramo importante… La institucionalidad hay que respetarla más allá de los deseos», declaró recientemente, dejando en el aire la certeza que mostraba hace solo unos días. Al mismo tiempo, lanzó una advertencia a sus detractores: «Si no les gusta la voluntad del Perú profundo, tienen que aceptarlo».
Este cambio de tono viene acompañado de un llamado a mantener un «ojo crítico» sobre los organismos electorales y un respaldo explícito a las movilizaciones ciudadanas en el interior del país, las cuales calificó como un «derecho constitucional para defender la victoria».
La narrativa de la campaña de Juntos por el Perú ha virado hacia la defensiva. Sánchez no solo ha cargado contra los medios de comunicación y la encuestadora Ipsos, acusándolos de un ataque coordinado de 24 horas, sino que en sus redes sociales ya habla de «maniobras por torcer la democracia». Esta postura fue secundada por el abogado del partido, Roy Mendoza, quien dejó abierta la puerta a la sospecha en una entrevista para El Comercio:
«No podríamos decir en absoluto que no podría haber trampa», sentenció, condicionando el respeto a los resultados a que estos reflejen lo que ellos consideran «la verdadera voluntad del pueblo».
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