El reto de gobernar bien, afianzar la confianza y la legitimidad democrática, en contextos de policrisis, entendida según el historiador británico Adam Tooze como la interacción compleja y simultánea de múltiples crisis globales que se entrelazan y retroalimentan, generando un daño multiplicativo superior a la suma de sus partes, y altos niveles de incertidumbre, requiere de planeación estratégica de los Estados, con alta capacidad de adaptabilidad al entorno, adoptar decisiones basadas en evidencia y diagnósticos situacionales actualizados, para conectar siempre con los objetivos institucionales trazados. De ahí que la modernización sostenida del Estado y la planeación estratégica se vuelvan herramientas críticas.
El Foro Económico Mundial (WEF), en el Informe de Riesgos Globales *2026*, describe un panorama dominado por la confrontación geoeconómica y la inestabilidad sistémica, que supone el comienzo de lo que el Foro describe como una «era de competencia», advirtiendo entre los riesgos principales los siguientes:
—– Confrontación geoeconómica, el riesgo número uno para este año, escalando ocho posiciones respecto al reporte anterior.
—– Conflictos armados interestatales: la inestabilidad por guerras actuales y nuevas tensiones territoriales.
—– Eventos meteorológicos extremos: sigue siendo el principal riesgo ambiental que afecta la infraestructura y el suministro.
—– Polarización social: la división interna en las naciones dificulta la gobernanza y la respuesta a crisis.
—– Desinformación y desinformación generada por IA: el uso de tecnología para manipular la opinión pública sigue erosionando la confianza.
José Antonio Kast, en su campaña para la elección presidencial, en una conexión con la ciudadanía que trasciende la adhesión política tradicional, ha identificado y denominado como prioridades para su Gobierno la gestión de una crisis de seguridad, una de migración desregulada, una crisis fiscal y una crisis marcada por el bajo crecimiento económico estructural y el desempleo. Poniendo el foco de su agenda legislativa y primeras medidas en la denominada crisis fiscal, reactivación económica y competitividad, algunas de las medidas parecen bastante asertivas y coherentes con el diagnóstico que el presidente presentó a Chile.
Sin embargo, parece que, una vez desplazados los tiempos desde el momento electoral al desafío de gobernar, adquiere espacio la conexión de las medidas, planes, programas y políticas públicas con objetivos estratégicos de mayor nitidez y contexto. Y si bien parece evidente el caso de Chile, parafraseando a Pinto Santa Cruz, podría tratarse de un «caso de desarrollo frustrado», reforzando la idea de Foxley y el Banco Mundial, de la trampa de los países con ingresos medios, en que Chile se vuelve un caso paradigmático, especialmente en la última década. Cobra singular importancia identificar los nudos críticos y apostar por aquellos que, desde el Estado, se pueden gestionar de manera pertinente para aportar al desarrollo. Y en esa lógica me atrevo a señalar 3 temas que, entre muchos, pueden resultar prioritarios y coadyuvar significativamente al éxito, por una parte, de la agenda, y por otro, reencausar el desarrollo. El primero tiene que ver con salir de la política coyuntural y comenzar a planificar a largo plazo, desde planes de desarrollo que logren alinear propósitos compartidos y que logren movilizar capacidades públicas, privadas, de la academia y la sociedad civil en torno a objetivos estratégicos.
En ese sentido, los 38 países de la OCDE, con distintos énfasis y prioridades, cuentan con planes estratégicos de desarrollo. Sin embargo, en el caso chileno, a pesar de contar en general con buen Estado en distintos indicadores, debe lidiar con ciclos políticos y de gobierno extremadamente cortos, de solo cuatro años, sin reelección, con elecciones municipales intermedias y con una planificación de la gestión del Estado principalmente enfocada en la eficiencia y a través de la Ley de presupuestos anual como principal instrumento. De ahí que se requiera un plan estratégico que incorpore una visión holística del desarrollo que trascienda a los gobiernos y favorezca la mirada de largo plazo y los esfuerzos sostenidos para el logro de objetivos de desarrollo.
Un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) es un instrumento de planeamiento estratégico que tiene como objetivo orientar la acción del Estado: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y administraciones locales; al mismo tiempo que orienta los esfuerzos del conjunto de la sociedad: gremios, la academia, el empresariado, para alcanzar el desarrollo armónico y sostenido del país. Pasando, en la gestión del desarrollo, de miradas de gobierno o políticas de corto plazo a miradas de Estado que trascienden a la política. Como decía Churchill, «la diferencia entre un político y un estadista es que el político está pensando en la próxima elección y el estadista en la próxima generación». Se trata de dotarnos de un marco institucional que favorezca las capacidades del Estado de abordar, al mismo tiempo, la coyuntura y, en visión de Estado, los retos de las próximas generaciones.
En segundo lugar, impulsar una agenda permanente que promueva un conjunto de medidas políticas, legislativas y administrativas tendientes a la modernización sostenida del Estado. Una agenda o un par de reformas puntuales no suponen un punto de llegada, sino que, como señala O’Donnell en relación a la democracia, en este caso siempre supone un proceso de mejora continua y «un horizonte de esperanza que termina en frustración.»
Se trata de incorporar modelos de NGP que asimilan al Estado prácticas y criterios de eficiencia y eficacia propios del sector privado, criterios de gestión por resultados, y de gestión y control de procesos que contribuyan a identificar opacidad, nudos críticos e ineficiencias institucionales en tiempo real, acompañar el cumplimiento de las metas 2027 de la Ley 21.180 de Digitalización del Estado, fortalecer especialmente la interoperabilidad para superar el fraccionamiento institucional; reconociendo los avances en transparencia, avanzar hacia una mayor legibilidad en el contexto del impulso de gobiernos abiertos, robustecer sistemas de evaluación en ese sentido, reactivar el debate legislativo del proyecto de ley que crea la agencia de evaluación de políticas públicas, pensando en formas de avanzar en sistemas de contratación pública que promuevan el reconocimiento del mérito y la alta calidad en materia de evaluación y selección, pensar en presupuestos de base cero, control del gasto y responsabilidad fiscal elevada a rango constitucional, mejorar la eficiencia regulatoria y, en una descentralización real, contribuir a generar ecosistemas para la implementación de gobernanzas colaborativas para abordar problemas y desafíos complejos, para desplegar y movilizar capacidades hacia el desarrollo.
En tercer lugar, promover una profunda reforma al sistema político que contribuya a controlar el hiperfraccionamiento, contribuya a la gobernabilidad en dos líneas: una que tiene relación con la capacidad de formar mayorías, contener el riesgo de deadlock _ parlamentario y el bloqueo a reformas importantes, y en una segunda dimensión, mejorar la calidad de la política y de la deliberación pública, siguiendo el ideal de Habermas. El agotamiento de los grandes relatos ideológicos y los nuevos paradigmas que resignifican constantemente el espacio público pueden ser reemplazados por instituciones democráticas, al menos programáticas. Para ello es sustantivo reformar la Ley de partidos Políticos y la Ley de elecciones y escrutinios para que las propuestas programáticas sean vinculantes y cuenten con sistemas de evaluación de cumplimiento, y obligar a los partidos a contar con centros de estudios que nutran el cumplimiento de ofrecer, en forma transparente, una visión de país, al menos en el plano de los planes y programas.
En fin, junto a muchas ideas más que deben provenir de distintas miradas y aportes, reconociendo en esta columna el humilde propósito de aportar a la reflexión y el debate, y convencido de que hay visiones que pueden aportar muchísimo, se trata de pensar una política y un gobierno que adquieran la capacidad de gestionar las crisis y la incertidumbre, recuperar confianza y legitimidad democrática, adquiriendo una mayor capacidad de ofrecer respuestas eficientes, eficaces, oportunas y pertinentes a los crecientes y cada vez más desafiantes problemas públicos.
* Augusto Parra Ahumada, ingeniero comercial, Postgrado en Ciencias Políticas UdeC, Diplomado en Modernización del Estado
