En segundo trámite constitucional, el Senado aprobó en general el proyecto que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional. El plazo para las indicaciones vence el jueves 28 del mes en curso. La propuesta había tenido un primer debate en sala, ocasión en la que también se abordó la recalificación del texto legal, a propósito de la propuesta de la Comisión de Gobierno, que por mayoría despachó el proyecto como Ley Orgánica Constitucional (quórum de 25 votos).
Sin embargo, tras la reunión de comités, se resolvió que la presidenta del Senado y la secretaría definieran el quórum, el que —como afirmó la senadora Paulina Núñez— es de ley simple (mayoría en sala), tal como llegó la propuesta desde la Cámara de Diputados. Con todo, la senadora Yasna Provoste, a nombre del Comité Unido, anunció reserva de constitucionalidad y mencionó el informe de la Corte Suprema sobre el artículo 119 bis y ter, que deben votarse como Ley Orgánica Constitucional. Durante la sesión argumentaron su voto a favor los senadores Cristián Vial, Andrés Longton, Matías Walker y Alejandro Kusanovic, mientras que las posturas en contra fueron defendidas por Pedro Araya, Beatriz Sánchez, Daniel Núñez, Esteban Velásquez, Fidel Espinoza y Claudia Pascual.
Desde el oficialismo enfatizaron que el proyecto no desconoce el derecho internacional, y que contempla normas explícitas para menores de edad y solicitudes de refugio. Además, refutaron que pueda generar un colapso del sistema judicial y penitenciario, señalando que establece mecanismos alternativos que evitan la judicialización. “No estamos legislando para los cientos de miles de migrantes en situación irregular, sino que para disuadir”, afirmaron.
La Izquierda y los DD.HH.
Parlamentarios de oposición advirtieron que la iniciativa podría colapsar el sistema, retrasar la reconducción y trasladar el control migratorio al Ministerio Público. Alertaron sobre una eventual sobrecarga operativa para la PDI y las Fuerzas Armadas, junto con presuntos problemas de constitucionalidad y debido proceso, en contravención de «estándares internacionales de derechos humanos». Instaron a buscar «medidas más adecuadas para enfrentar el crimen organizado y la migración irregular», aunque sin proponer alguna alternativa. El ministro del Interior, Claudio Alvarado –por su parte– anunció la presentación de indicaciones “que permitan mejorar la arquitectura del proyecto”, destacando la iniciativa del Gobierno como una herramienta para enfrentar la emergencia migratoria.
