* El primer análisis regional sobre el tema evidencia que las salidas no judiciales superan a las judiciales, alcanzando casi la mitad de los cierres de causas.
En la última década, la Región del Biobío ha concentrado el 6.6% de las salidas de causas por delitos asociados al crimen organizado a nivel nacional, sumando un total de 46.536 registros entre 2014 y 2024. Sin embargo, la efectividad del sistema de justicia en la región enfrenta desafíos estructurales importantes. Según el informe, mientras las sentencias condenatorias representan un 25.8% de los términos, los archivos provisionales concentran un 39.5% de las salidas registradas en la última década.
Respecto a las capacidades reales del sistema, Camila Astraín, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la USS, señala que: “El informe muestra que en el Biobío las salidas no judiciales y especialmente los archivos provisionales concentran una parte importante de los cierres. Estos resultados dejan en evidencia los importantes desafíos que tiene el sistema de seguridad para lograr una persecución penal efectiva del crimen organizado”.
Un sistema bajo presión
El informe destaca que, aunque se han registrado ajustes en el marco jurídico nacional, en 2022 y 2023 la persecución penal de delitos como el tráfico de drogas (64.8% de las salidas), armas (24%) y violencia (6.3%) sigue siendo compleja. Bajo esta línea, Astraín enfatiza sobre la debilidad principal que enfrenta hoy el sistema. “Que solo el 25% de las causas por crimen organizado lleguen a condenas es uno de los principales desafíos que enfrenta la región y el país, porque tener un sistema que no logre condenar a quienes cometen ilícitos graves no es solo un resultado negativo para la persecución penal, sino también genera efectos nocivos en la confianza a las instituciones y la percepción de seguridad”, aseguró.
El desafío de la implementación
Para que la actualización del marco legal vigente se transforme en una herramienta eficaz frente a la criminalidad organizada, la investigadora fue clara en abordar la brecha que aún persiste en la ejecución operativa. “Si bien se han realizado esfuerzos importantes por actualizar el marco normativo asociado, aún quedan desafíos significativos en materia de especialización técnica para policías, fiscales y jueces, así como la necesidad urgente de robustecer las estrategias de investigación policial. El éxito no depende solo de la ley, sino en la capacidad de convertir estos cambios en resultados judiciales que la ciudadanía puede percibir como efectivos”, concluye Camila Astraín.
