En una resolución que marca un hito en las investigaciones por corrupción pública, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León. Tras una extensa formalización de cinco días, la justicia determinó que el exparlamentario —junto a su asesor, Arnaldo Domínguez— representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Un entramado de fraude y poder
La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado presentaron un contundente expediente que vincula a Lavín León con tres delitos críticos:
- Fraude al fisco.
- Tráfico de influencias.
- Falsificación de instrumento privado mercantil.
El magistrado Daniel Urrutia fue enfático al fundamentar su decisión, subrayando no solo la solidez de las pruebas, sino la severidad de las penas que arriesga el imputado. Según el tribunal, la reiteración de estos ilícitos proyecta una condena que podría superar los 10 años de cárcel efectiva, lo que descarta cualquier beneficio de penas alternativas.
«La libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad», sentenció el juez Urrutia al cierre de la audiencia.
El futuro procesal
Mientras la defensa de Lavín León ha solicitado formalmente su ingreso al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, la decisión final sobre su lugar de reclusión quedó en manos de Gendarmería de Chile.
Con un plazo de 90 días fijado para la investigación, el Ministerio Público buscará blindar las acusaciones en un caso que ha sacudido el tablero político y judicial del país, poniendo bajo la lupa el manejo de fondos públicos y el uso de influencias en el ejercicio parlamentario.
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