Para la diputada por la Región del Biobío, Marlene Pérez, el tiempo de las recriminaciones políticas debe quedar atrás. En medio de la tensión generada entre el Ministerio de Vivienda y dos parlamentarios de la zona, la legisladora fue tajante: el foco debe regresar a las familias cuyos trabajadores quedaron a la deriva.
El fin de la controversia técnica
Tras el reciente intercambio de declaraciones entre el ministro de la cartera e integrantes del Congreso, la diputada Pérez dio por cerrada la discusión sobre la responsabilidad estatal, confirmando que el Serviu cumplió con los pagos a la constructora Tapusa.
«Lo ocurrido no puede hacernos perder tiempo en discusiones que no le solucionan nada a la gente. Ya hay claridad: el Serviu pagó. Ahora, la urgencia es que la empresa responda por los sueldos impagos y las deudas con los contratistas locales», sentenció la parlamentaria.
Un efecto dominó sobre el empleo local
La crisis de la constructora no solo dejó andamios vacíos y grúas detenidas; ha generado un ahogo financiero en la red de pymes regionales. Según advierte la diputada, el impacto es triple:
- Familias: Proyectos de urbanización paralizados que llevan años de espera.
- Trabajadores: Cientos de obreros y operarios que hoy no cuentan con su fuente de ingresos.
- Contratistas: Emprendedores de la región que prestaron servicios y se encuentran en una situación económica crítica.
El llamado: Acción sobre la burocracia
Para Marlene Pérez, normalizar las obras paralizadas es un riesgo que la región no puede correr. Por ello, exigió un plan de reactivación que priorice la certidumbre y la responsabilidad social.
«Este no es momento para gallitos políticos ni para alimentar polémicas en la prensa. Es el momento de dar respuestas concretas, inyectar velocidad a los proyectos y asegurar que quienes hoy pagan las consecuencias de esta crisis reciban lo que les corresponde».
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