* Aunque el ministro de Seguridad cuenta con el respaldo del saliente Mandatario, Gabriel Boric, por su loable trayectoria administrativa, la Asociación de Abogados del organismo rechaza un nombramiento externo y exige en cambio priorizar la carrera institucional.
Faltan sólo tres semanas para que el Presidente Gabriel Boric concluya su mandato, y enfrenta en estos momentos la tarea de proveer la vacante dejada por el abogado Jaime Varela en el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Y el nombre que está sonando en La Moneda para ocupar el cargo, desierto desde abril último, es el del actual ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. La posible designación se sustenta en su sólida formación como experto en Derecho Administrativo y su rol clave en tres carteras estratégicas durante la presente administración.
Sin embargo, en el mundo político y judicial se lee como un movimiento para asegurar una posición en un organismo técnico antes del cambio de signo político en La Moneda, ya que es poco habitual que un Gobierno ceda este tipo de nombramientos a la administración entrante. Pese a sus credenciales académicas, la eventual llegada de Cordero ha generado una fuerte reacción al interior del Consejo de Defensa del Estado (CDE). La Asociación Nacional de Abogados del organismo envió una carta al Mandatario manifestando su “incomodidad”, y solicitando formalmente que el cargo sea ocupado por un profesional “de la casa”.
Los argumentos del gremio, liderado por Marcelo Guerrero, se dividen en dos ejes:
—— Falta de carrera institucional: Los funcionarios critican que se ignore a abogados con décadas de experiencia interna para favorecer a figuras externas.
—— Conflictos de interés: Se recuerda que, en su ejercicio privado, Cordero emitió informes técnicos que colisionaron con los intereses del Fisco en litigios contra Codelco.
Mérito versus criterio político
La pugna pone a prueba la promesa de campaña de Boric sobre promover una función pública basada en el mérito y la antigüedad. Los abogados del CDE impulsan el nombre de Jorge Escobar, actual suplente con trayectoria en materias civiles, como la opción de consenso para evitar que “criterios políticos se impongan sobre la especialización técnica”. El antecedente inmediato juega a favor de la tesis gremial: en 2023, ante la salida de María Inés Horvitz, el Presidente optó por Ruth Israel, una funcionaria de carrera. No obstante, la cercanía de Cordero con el círculo de hierro de Palacio y la relevancia del cargo —que es inamovible hasta los 75 años— podrían inclinar la balanza hacia el actual ministro antes de que expire el plazo fatal del 11 de marzo, lo cual aparece como una suerte de arista de la que desde la oposición han motejado despectivamente de «ley de amarre».
