La industria pesquera chilena ha llevado la batalla por las cuotas de captura a los tribunales. La compañía Blumar formalizó una demanda contra el Estado de Chile, acusando que la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero (promulgada en 2025) vulnera las reglas del juego establecidas hace una década y constituye, en la práctica, una «expropiación regulatoria».
El eje del conflicto radica en la ruptura del compromiso de 2013, año en que el sector industrial aceptó renunciar a sus derechos indefinidos a cambio de licencias con vigencia hasta el 2032. Según la firma, el Estado ha alterado unilateralmente este marco siete años antes de lo previsto y sin ofrecer compensaciones.
Un golpe de 216 millones de dólares
La magnitud del perjuicio económico no es menor. Estudios preliminares realizados por expertos independientes para la compañía estiman que el cambio legal generará un daño patrimonial cercano a los US$ 216 millones, derivado de la reducción anticipada de cuotas y las nuevas cargas económicas.
«Cuando se alteran unilateralmente reglas establecidas por ley, el camino institucional es ejercer las acciones que nuestro ordenamiento contempla», señalaron desde Blumar, enfatizando que la demanda busca proteger tanto a sus accionistas como a sus trabajadores.
El futuro de Coronel en jaque
Uno de los puntos más críticos de la demanda es el impacto directo en la Región del Biobío. La empresa alertó que el nuevo fraccionamiento —que afecta principalmente al jurel destinado a consumo humano— ha forzado la parálisis de proyectos clave:
- Inversión en riesgo: Se encuentra bajo reevaluación un proyecto de US$ 45 millones en la comuna de Coronel.
- Impacto laboral: Esta iniciativa contemplaba la creación de 250 empleos directos e indirectos que hoy penden de un hilo.
Seguridad jurídica bajo la lupa
Para Blumar, la nueva ley no solo afecta sus finanzas, sino que rompe la confianza en el sistema. La compañía argumenta que sus decisiones de inversión, empleo y desarrollo se basaron en reglas estatales que se prometieron estables hasta la próxima década. Al eliminarlas antes de tiempo y sin indemnización, aseguran que se vulnera el principio esencial de la seguridad jurídica necesario para cualquier actividad económica en el país.
Claves de la disputa: 2013 vs. 2025
| Marco Regulatorio | Situación de las Licencias | Vigencia Original |
| Ley de Pesca 2013 | Derechos definidos por 20 años bajo reglas claras. | Hasta el año 2032 |
| Ley de Fraccionamiento 2025 | Modificación de cuotas y régimen de operación. | Aplicación inmediata (2025) |
SOJ
