Una nueva y explosiva arista judicial amenaza con sacudir el panorama político nacional. El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, se encuentra tras los pasos de una presunta red de influencias y pagos ilícitos que involucraría directamente a la senadora Loreto Carvajal (PPD), en el marco de la investigación denominada «trama bielorrusa».
El testimonio de la discordia
El origen de esta sospecha radica en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Allí, el abogado Eduardo Lagos —actualmente formalizado y en prisión preventiva— entregó un testimonio que apunta a un presunto pago de $300 millones. Según el entorno del abogado, este dinero habría sido entregado a la parlamentaria con un objetivo claro: gestionar los apoyos necesarios para que Yamil Najle lograra su nombramiento como Conservador de Bienes Raíces de Chillán.
Cabe recordar que Najle se encuentra hoy suspendido y formalizado por lavado de activos, en una causa vinculada a la exministra Ángela Vivanco.
Silencio en la carpeta y cautela de garantías
La revelación, sin embargo, llega acompañada de una fuerte controversia procesal. Lagos acusa que los pasajes de su declaración donde menciona a la senadora Carvajal no fueron integrados formalmente a la carpeta de investigación.
Ante esta supuesta omisión, se ha programado para los primeros días de febrero una audiencia de cautela de garantías. En dicha instancia, la justicia deberá resolver dos puntos críticos:
- La legalidad de la comparecencia de Lagos.
- Si el Ministerio Público puede utilizar este testimonio como prueba válida.
El rol de «la parlamentaria sin nombre»
De acuerdo con información de La Segunda, la fiscal Carmen Gloria Wittwer remitió antecedentes a su par de Aysén que podrían ser constitutivos de delito. No obstante, en los documentos de traspaso de información, se evitaría el uso del nombre de Carvajal, refiriéndose únicamente a «una parlamentaria».
La fiscalía mantiene la investigación bajo estricta reserva y actúa con cautela. Existe la sospecha de que este testimonio podría estar teñido por una fuerte animadversión personal entre Lagos y su exsocio, el exdiputado Gabriel Silber.
Cuentas pendientes y reuniones en prisión
En su declaración, Lagos también buscó desmentir acusaciones de extorsión contra Silber. El abogado aseguró que sus contactos con el exdiputado desde la cárcel no tenían como fin «armar una coartada», sino cobrar deudas económicas.
«Yo nunca lo amenacé; lo cité para que viéramos el pago de honorarios conjuntos por una causa diversa donde él se quedó con todo», habría declarado Lagos, mencionando además que las reuniones con otros implicados en la causa —como el comerciante de vehículos Harold Pizarro— fueron recurrentes y no episodios aislados.
Por ahora, la situación de la senadora Carvajal se mantiene en una etapa desformalizada, a la espera de que el Ministerio Público determine si la «trama bielorrusa» tiene pruebas suficientes para sostener una acusación de corrupción en el nombramiento de uno de los cargos públicos más codiciados de la Región de Ñuble.
SOJ
