Lo que nació en 2008 como una noble promesa legislativa para salvaguardar las raíces ancestrales, se ha transformado, casi dos décadas después, en el principal laberinto administrativo de las costas chilenas. La Ley Lafkenche mantiene hoy al sector privado en un estado de vigilia y preocupación, atrapado en una compleja red de judicialización y burocracia que amenaza con frenar el desarrollo de industrias estratégicas como la salmonicultura.
El fantasma de la incertidumbre: El caso Aysén
Para el empresariado, el problema no es el espíritu de la ley, sino su ejecución. La reciente decisión de la Corte Suprema en noviembre de 2025 de retrotraer la votación de dos espacios costeros (ECMPO) en Aysén —que sumaban la astronómica cifra de 621 mil hectáreas— ha reabierto una herida que se creía cerrada tras el rechazo inicial de las solicitudes en 2024. Este fenómeno de judicialización, donde recursos de protección impugnan sistemáticamente las decisiones de las Comisiones Regionales de Borde Costero, ha creado un escenario de «parálisis permanente» que los actores del sector privado denuncian, con cautela, como el fin de la fluidez operativa.
Un enero de definiciones: El revés en el Tribunal Constitucional
El inicio de 2025 marcó un punto de inflexión. El intento del sector político y empresarial por frenar estas solicitudes mediante la Ley de Presupuesto fue contenido por el Tribunal Constitucional. El fallo fue un «balde de agua fría» para gremios como SalmonChile y la Multigremial del Sur; sin una pausa legal que detenga el efecto suspensivo de las solicitudes indígenas, el «riesgo país» para proyectos acuícolas y portuarios se ha disparado. La amenaza es latente: que los capitales prefieran las aguas más predecibles de Noruega o Canadá antes que la incertidumbre del litoral chileno.
La hoja de ruta hacia 2026: ¿Hacia una reforma de fondo?
Con el camino bloqueado por el TC, la presión se ha trasladado al corazón del Ejecutivo. La estrategia empresarial hoy apunta a tres reformas críticas para inyectar vitalidad al sistema:
- Certeza Jurídica y Proporcionalidad: Exigir que CONADI endurezca los criterios para certificar el «uso consuetudinario». El sector privado cuestiona cómo es posible otorgar extensiones de tierra equivalentes a provincias enteras sin pruebas de una presencia histórica proporcional.
- Agilidad Administrativa: La implementación de un «silencio administrativo» que impida que las solicitudes se eternicen en el tiempo, liberando el borde costero si el Estado no resuelve en los plazos legales.
- Modernización sin Ruptura: El compromiso del Gobierno para este 2026 es presentar un proyecto que modernice la norma. El desafío es titánico: dotar de eficiencia al sistema productivo sin vulnerar el Convenio 169 de la OIT ni desmantelar lo que las comunidades Lafkenche consideran su único escudo contra la expansión industrial.
En este delicado equilibrio entre el derecho ancestral y el desarrollo económico, Chile se juega la competitividad de sus costas. El 2026 será, sin duda, el año en que se defina si el mar chileno seguirá siendo un espacio de convivencia o un eterno campo de batalla judicial.
SOJ
