¿Quién pagará los cientos de homicidios políticos? o ¿quién va a hacerse cargo de los miles de presos privados de libertad, sólo por pensar distinto a la dictadura? y ¿quién se hará responsable de la destrucción de un país y de los millones y millones de autoexiliados que ese régimen ha generado desde América Norte hasta el Sur del continente, con todo el desarraigo que eso involucra en las familias separadas? La respuesta más esperable es que nadie se hará cargo y nadie pagará por ese daño tan profundo.
La intervención militar de Estados Unidos hoy en Venezuela, culminada con la captura de Nicolás Maduro, no es solo un hito en la historia de la geopolítica hemisférica; es el epitafio de un sistema de gobernanza global que prometió orden y terminó entregando irrelevancia. Desde una perspectiva del Derecho Internacional, lo ocurrido en Caracas es el resultado inevitable de una parálisis sistémica que dejó a la región en un estado de naturaleza jurídica. Se trata de un vacío demasiado profundo para no ser llenado.
¿Cómplices Pasivos? ONU y la OEA
El Derecho Internacional Público se sostiene sobre el principio de la seguridad colectiva. Sin embargo, este principio requiere que los organismos pertinentes actúen antes de que las crisis se vuelvan crónicas. En el caso venezolano, el diagnóstico es severo: tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Organización de Estados Americanos (OEA) debieron intervenir de manera decisiva desde los albores de la erosión democrática en la era de Hugo Chávez.
Al no ejercer sus facultades para restaurar el orden democrático y proteger los derechos humanos bajo mecanismos como la Carta Democrática Interamericana, ambas entidades generaron un vacío de poder institucional. Este silencio cómplice no solo permitió la consolidación de una dictadura, sino que dejó a la deriva la resolución de conflictos en el continente. Cuando los organismos multilaterales fallan en aplicar la norma, las potencias recurren a la fuerza.
El «Cartel de los Soles» como justificación soberana
Donald Trump ha sabido capitalizar este vacío. Su administración no ha presentado la incursión simplemente como un cambio de régimen (regime change), sino como una operación de seguridad nacional y justicia penal internacional. La clave de su narrativa —y el soporte jurídico de su intervención— radica en la clasificación del gobierno de Maduro no solo como una tiranía política, sino como una empresa criminal transnacional.
La eventual vinculación de la cúpula chavista con el Cartel de los Soles permitió a Washington argumentar que Venezuela ya no era un Estado soberano bajo la definición clásica de la Convención de Montevideo, sino un territorio capturado por el narcotráfico que amenazaba directamente la seguridad interior de Estados Unidos. Bajo esta lógica, la Casa Blanca reemplazó la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU con una acción unilateral fundamentada en la legítima defensa frente a amenazas no convencionales.
Un precedente peligroso y necesario
Desde el rigor del Derecho Internacional, la intervención plantea una paradoja peligrosa: el artículo 2(4) de la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. No obstante, la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P) y la incapacidad de los organismos regionales para frenar el flujo de narcóticos y el éxodo masivo de ciudadanos parecen haber inclinado la balanza hacia la acción directa.
EE.UU. no solo ha capturado a un líder político; ha puesto en evidencia que el multilateralismo está en cuidados intensivos. Si la ONU y la OEA hubieran actuado cuando las instituciones venezolanas empezaron a crujir hace dos décadas, hoy no estaríamos discutiendo la legalidad de una intervención militar en el corazón de Sudamérica.
Conclusión
La herencia de esta operación será un debate jurídico que durará décadas. Pero la lección inmediata es clara: el vacío que deja la diplomacia siempre será llenado por la potencia más fuerte. Trump no rompió el Derecho Internacional; simplemente caminó sobre los escombros de un sistema que la ONU y la OEA permitieron que se derrumbara. El precio de la inacción internacional ha sido, finalmente, el regreso de la intervención unilateral como la única moneda de cambio en un mundo sin árbitros.
Pepo Sepúlveda
Periodista – MBA
