De Ingrid Robert,
académica de Trabajo Social
UNAB sede Viña del Mar
Este año, en la Región de Valparaíso, se han producido desalojos de tomas como Lajarillas en Viña del Mar y Unión Sin Fronteras en Placilla de Peñuelas. Ahora, la Corte de Apelaciones ordenó para el 4 de diciembre el desalojo del mega campamento de Cerro Centinela, en San Antonio, donde viven más de 10 mil personas. No es solo un conflicto habitacional, sino una crisis humanitaria y territorial.
El desalojo no puede entenderse sólo como cumplimiento de un fallo judicial, sino como una prueba de la capacidad institucional para articular respuestas coordinadas que mitiguen su impacto en las personas y los territorios. ¿Son suficientes los albergues temporales o los subsidios de arriendo? ¿Qué ocurre con quienes quedan fuera del sistema? La transitoriedad no puede reemplazar una política pública sostenida.
La vivienda digna es un derecho y su garantía exige un plan interinstitucional: el nivel central debe asegurar subsidios, el regional coordinar suelo e infraestructura, y los municipios garantizar integración social, servicios y transporte. Sin ese compromiso, seguiremos enfrentando el drama habitacional a contrarreloj.
