El médico Leonardo Alfredo González Castro ha quedado bajo la medida cautelar de prisión preventiva tras ser formalizado por el Ministerio Público por el masivo fraude de licencias médicas falsas, en una operación que lo sindica como el «mayor gran emisor a nivel nacional».
De acuerdo con la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, el imputado habría extendido una cifra asombrosa de 27.727 licencias médicas entre 2021 y 2025, defraudando al sistema de salud y previsional un total que supera los $13.265 millones de pesos.
El Esquema Cifrado del Fraude
El Fiscal suplente Cristóbal Salazar detalló ante el tribunal los antecedentes que sostienen la acusación por los delitos de emisión de factura falsa, fraude de subvenciones y lavado de activos.
Salazar destacó la impresionante capacidad de emisión del doctor González Castro, señalando que en solo dos meses (junio y septiembre de 2024), el médico emitió más de 1.600 licencias médicas, una cantidad que por sí sola es considerada el estándar anual para calificar a un profesional como «gran emisor».
El modus operandi consistía en una venta de servicios de salud simple y directa:
«Ofrecen licencias médicas por diversos medios, como internet, las que tienen un monto asociado, el cual pagan las personas y obtienen la prestación», explicó el persecutor.
🕵️♂️ Colaboración y Descuido: Funcionarios Públicos en el Extranjero
La investigación se originó tras una denuncia de la Contraloría General de la República, que detectó el descaro del esquema al identificar a funcionarios públicos que estaban supuestamente enfermos con licencia, pero que en realidad fueron sorprendidos viajando al extranjero o asistiendo a casinos.
Además, el Ministerio Público indaga si el acusado contó con la colaboración de «capturadores», ya que las transferencias de los compradores eran recibidas por terceras personas, una maniobra que busca ocultar el origen del dinero ilícito.
El Tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva, considerando la gravedad del caso y el riesgo para la seguridad de la sociedad, y fijó un plazo de 100 días para el cierre de la investigación.
SOJ
