La negligencia burocrática ha provocado una ola de indignación en el Biobío, luego de que el Servicio Electoral (Servel) designara por segunda vez como vocal de mesa a una joven de 30 años con parálisis cerebral, epilepsia y microcefalia, a pesar de estar postrada y debidamente inscrita en el Registro Nacional de Discapacidad.
La diputada e integrante de la Comisión de Discapacidad, Marlene Pérez (Ind.-UDI), ofició de inmediato al Servel exigiendo explicaciones por lo que calificó de «inaceptable e inhumano».
El drama de la familia se agrava porque la joven ya fue multada con más de $200 mil pesos (3 UTM) por no presentarse en la elección anterior, a pesar de la imposibilidad física evidente. Según la madre, todos los antecedentes médicos, incluyendo un certificado del Hospital Las Higueras de Talcahuano, estaban en poder del Servel.
«Es francamente inaceptable e inhumano que una persona postrada sea nombrada nuevamente vocal de mesa, y que el Estado no sea capaz de cruzar información entre sus propios organismos», declaró la diputada Pérez. «El Servel debió haber revisado los antecedentes médicos o, al menos, consultar el registro del Senadis.»
La legisladora anunció que no permitirá que se cobre una nueva multa y exigió que el Estado no solo corrija el error de inmediato, sino que también indemnice a la familia por el daño causado y por la sanción injustamente aplicada.
«Multar a una persona con parálisis cerebral y completamente postrada por no asistir a una mesa electoral es una muestra brutal de indiferencia y falta de empatía,» enfatizó la parlamentaria.
Como respuesta al escándalo, la diputada Pérez adelantó que, tras las elecciones, impulsará una iniciativa legal que no solo impedirá la repetición de estos errores, sino que también excluirá expresamente de las designaciones a las personas cuidadoras, quienes se ven imposibilitadas de dejar a sus dependientes para cumplir con la función electoral.
SOJ
