El Senado Expulsa al Juez Ulloa Pese a sus Alegaciones de Injusticia y Doble Sanción

El juez Antonio Ulloa ha sido formalmente destituido del Poder Judicial. Este lunes, en una sesión de alta expectación en el Senado, la Cámara Alta aprobó la Acusación Constitucional en su contra, poniendo fin a la carrera del magistrado marcada por su cuestionada cercanía con el abogado Luis Hermosilla (imputado en el Caso Audios).

Tras el contundente resultado, un visiblemente afectado Ulloa calificó la decisión como «totalmente injusta», refiriéndose al momento de la votación en pleno período electoral. Sin embargo, afirmó que lo «importante es que ya se respetó la institucionalidad», aunque de inmediato presentó su defensa legal.

La Alegación del Non Bis In Idem

El ahora exjuez centró su reclamo en la supuesta violación del principio «non bis in idem» (no dos veces por lo mismo). Ulloa argumentó que ya había sido objeto de un proceso disciplinario por la Corte Suprema, que finalmente lo mantuvo en su cargo a pesar de sus vínculos con Hermosilla.

«No, no me da vergüenza, porque no he cometido delitos. Se ha violado el principio non bis in idem. Solamente tengo pena por mis hijos, solo por ellos», manifestó.

Consultado directamente sobre sus polémicas conversaciones con Hermosilla, el exmagistrado optó por el silencio, retirándose de los pasillos del Congreso Nacional.

El Voto Contundente del Legislativo

A pesar de la defensa de Ulloa, el Senado despachó los tres capítulos de la acusación con una fuerte aprobación, especialmente en el punto central que motivó el libelo:

  1. Falla de Deberes por Filtración de Resoluciones: Aprobado de forma arrolladora con 44 votos a favor y solo 3 abstenciones.
  2. Imparcialidad Judicial: Aprobado con 27 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones.
  3. Intervención Indebida en Nombramientos: Este capítulo fue rechazado (0 votos a favor, 7 en contra, 8 abstenciones), lo que no impidió la destitución final al aprobarse los dos puntos más graves.

Con la destitución consumada, el Poder Judicial cierra un capítulo de controversia, reafirmando el control político del Congreso sobre las faltas a la probidad.

SOJ