Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado serias irregularidades en la gestión de la eliminación de drogas incautadas al narcotráfico por parte de los Servicios de Salud en Chile. Aunque Carabineros y la PDI son los encargados de los decomisos, es responsabilidad de los Servicios de Salud del país recibirlos, analizarlos, almacenarlos y destruirlos. Una auditoría a 10 de 29 servicios descubrió una serie de fallas que colocarían en riesgo la seguridad pública y la cadena de custodia de las sustancias ilícitas.
Irregularidades que ponen en riesgo la seguridad
El informe de la CGR detalla fallas críticas que violan la Ley 20.000, la cual establece normas estrictas contra el tráfico de drogas:
- Demoras en la recepción: En algunos casos, la droga permaneció hasta 288 días sin ser resguardada, superando el límite legal de 24 horas.
- Retrasos en la destrucción: Se encontraron demoras de hasta 31 días en la eliminación de las sustancias, lo que expone los recintos a un riesgo de seguridad elevado.
- Falta de control y acumulación: Más de 11 toneladas de sustancias ilícitas estaban pendientes de incineración, con demoras de hasta 384 días en el reporte a la Fiscalía.
- Almacenamiento precario: Los servicios carecen de instalaciones adecuadas, obligando a guardar la droga en oficinas, pasillos y estantes, lo que aumenta el riesgo de robos.
- Equipamiento obsoleto: Se constató la falta de hornos especializados para la destrucción segura de las drogas.
El foco en el Servicio de Salud Concepción
Funcionarios del Servicio de Salud Concepción en el Biobío describieron a HORA12 las precarias condiciones de almacenamiento. La droga se guardaría en una oficina adaptada, generando un gran temor entre el personal por la eventual falta de medidas de seguridad. A pesar de que en una administración anterior se contrataron guardias, el problema persistiría durante los fines de semana largos (como el actual de Fiestas Patrias) cuando la droga quedaría sin supervisión.
Además, el proceso de registro de muestras es completamente manual, lo que facilitaría la alteración de datos y la pérdida de información, un punto señalado por la CGR. La destrucción de las sustancias se ejecutaría en un antiguo incinerador en el ex Hospital Traumatológico que, según los funcionarios, no cumpliría por lo tanto con las normas básicas y emitiría gases contaminantes sin ningún tipo de control.
Negocio inmobiliario bajo sospecha
El Gobierno ha confirmado la apertura de un sumario contra el director del Servicio de Salud de Concepción, Víctor Valenzuela, después de que se revelara su posible contacto con un presunto representante de un narcotraficante. La situación ha generado una ola de críticas y llamados a la renuncia del directivo por parte de parlamentarios de la oposición, por la validez en la toma de decisiones en un ámbito tan sensible como la destrucción de la droga incautada por el Ministerio Público y las policías.
$1.200 millones
El empresario, Damián Gaete, al parecer, actuando como testaferro del conocido narcotraficante Jorge Espinoza Zapata (alias «El Palta»), intentó concretar un negocio inmobiliario con el Gobierno Regional del Biobío por 1.200 millones de pesos. El objetivo era supuestamente lavar dinero obtenido de actividades ilícitas.
El Ministerio de Salud ha iniciado un sumario administrativo para investigar la eventual responsabilidad de Valenzuela en estos hechos. La medida busca determinar si las acciones del director del Servicio de Salud penquista están o no en conflicto con la ley y las responsabilidades de su cargo.
Este caso pone en relieve la preocupación de las autoridades por la posible infiltración del crimen organizado en instituciones públicas y la necesidad de transparentar la gestión gubernamental en la región.
El escándalo de Chillán y sus consecuencias
El informe de la Contraloría cobra mayor relevancia a la luz del escándalo en el Hospital Herminda Martín de Chillán, donde personal del incinerador fue arrestado por sustraer drogas incautadas y venderlas en el mismo hospital.
Ante la gravedad del caso, el Servicio de Salud Ñuble, a cargo de la Dra. Elizabeth Abarca, anunció medidas para reformar el sistema. «Impulsamos importantes mejoras tanto en infraestructura como en procesos internos, con el objetivo de garantizar que todas nuestras acciones se desarrollen bajo los más altos estándares de seguridad y conforme a la normativa vigente», señaló. Las medidas incluyen la contratación de guardias tácticos especializados, nuevas cámaras de vigilancia y el reforzamiento de los accesos.
El caso de Chillán y las conclusiones de la CGR demuestran la urgente necesidad de reformas estructurales en un sistema que ha probado ser vulnerable a la corrupción, lo que pone en riesgo la labor policial de combate al narcotráfico.
SOJ
