De Ingrid Robert Calisto
Académica Trabajo Social UNAB, sede Viña del Mar
El habitar humano no es sólo ocupar un espacio físico: las condiciones materiales, ambientales y sociales del territorio modelan nuestra calidad de vida, salud mental y convivencia. Por eso preocupa la ruptura de la mesa técnica entre el MINVU y la inmobiliaria San Antonio S.A., dueña del terreno donde desde 2019 viven cerca de doce mil personas en la mega toma del Cerro Centinela. Aunque se hable de un desacuerdo económico o técnico, lo que está en juego es el futuro de miles de familias que han mostrado organización y voluntad de autogestión para ser parte de la solución habitacional.
Un eventual desalojo no significaría sólo la pérdida de viviendas precarias: implicaría quiebre comunitario, daño psicológico, incertidumbre económica y un desplazamiento forzado con rasgos de crisis humanitaria. Mujeres, niños, personas mayores, migrantes y trabajadores verían truncados sus proyectos de vida.
Más que una negociación fallida, este caso expone la capacidad del Estado de garantizar el derecho a la vivienda y del sector privado de asumir un rol activo frente al déficit habitacional. El Centinela interpela directamente a nuestras instituciones: no es solo un problema de propiedad, es una cuestión de dignidad y de justicia social.
