De Felipe Oelcker
Director de Ingeniería Comercial
UNAB sede Viña del Mar
La propiedad privada, pilar del sistema, hoy se ve gravemente vulnerada. En distintas regiones del país, terrenos han sido ocupados de manera ilegal, y lo más indignante es que sus dueños legítimos, además de perder el control de sus bienes, deben seguir pagando contribuciones como si nada hubiera pasado. Imagine a una familia que, tras ahorrar con esfuerzo para comprar un terreno, ve cómo desconocidos se lo arrebatan ante la pasividad del Estado.
Como si el despojo no bastara, el fisco los castiga cobrándoles impuestos por algo que ya no disfrutan. Esta doble victimización —perder la propiedad y además financiarla— resulta insostenible. Para peor, los recursos recaudados rara vez se destinan a soluciones concretas: ni regularización, ni desalojos, ni apoyo a los afectados. La inacción y la burocracia terminan profundizando la injusticia.
Las autoridades deben actuar con urgencia: proteger la propiedad privada, garantizar desalojos efectivos o, al menos, eximir de contribuciones a quienes fueron despojados. De lo contrario, se perpetúa un sistema que castiga a las víctimas y premia la ilegalidad, erosionando la confianza de los ciudadanos en la justicia y en el propio Estado.
Felipe Oelckers, director de Ingeniería Comercial UNAB sede Viña del Mar
