La empresa pesquera Camanchaca ha anunciado su decisión de iniciar acciones legales contra el Estado chileno. La compañía argumenta que la recién promulgada Ley de Fraccionamiento Pesquero, la cual modifica sustancialmente la distribución de las cuotas de captura, le generará un «daño patrimonial significativo», afectando directamente sus operaciones y empleo, especialmente en su planta de Coronel.
Camanchaca considera esta normativa como una «maniobra confiscatoria» por parte del Estado y buscará una indemnización por los perjuicios que, según su análisis, serán considerables.
Detalles de la Controversia
La Ley de Fraccionamiento Pesquero reestructura el reparto de cuotas de pesca, aumentando los porcentajes asignados al sector artesanal en detrimento del sector industrial. Para Camanchaca, esta modificación implica una reducción directa en sus derechos de captura, impactando negativamente su capacidad productiva y su modelo de negocio.
La empresa ya ha designado un equipo legal de alto nivel, encabezado por el reconocido abogado Jorge Bofill, para evaluar todos los escenarios derivados de la ley y preparar las acciones judiciales pertinentes contra el Estado.
Impacto Patrimonial y Laboral
Camanchaca estima que la aplicación de esta ley provocará una notable disminución en la producción de jurel destinada a consumo humano, lo que, a su vez, afectará gravemente el proceso de industrialización y la generación de empleo en la Región del Biobío. La compañía también ha señalado que la situación podría comprometer contratos previamente establecidos con socios extranjeros.
Particularmente preocupante es el futuro de su planta en Coronel. La empresa advierte que la reducción de las cuotas de pesca podría obligarla a disminuir la producción en esta instalación, lo que inevitablemente impactaría la estabilidad laboral de numerosos trabajadores en la zona.
Camanchaca buscará una indemnización por el daño patrimonial que considera que la ley les ocasionará. Su argumento central es que el Estado está alterando las reglas del juego de manera anticipada, perjudicando los intereses de la industria pesquera en favor de un segmento específico de pescadores.
En síntesis, Camanchaca se declara dispuesta a defender sus intereses en los tribunales ante lo que considera un perjuicio inminente y significativo provocado por esta nueva legislación.
SOJ
