El Consejo Regional del Biobío (Core Biobío) no se quedará de brazos cruzados ante la reciente revelación de colusión en la industria de los casinos de juego. Así lo confirmó Luis Santibáñez, consejero regional republicano y presidente de la comisión de presupuesto, quien anunció una serie de acciones decididas desde el seno del Core para cuantificar y recuperar los millonarios recursos que la región dejó de percibir.
«Entendemos que la FNE (Fiscalía Nacional Económica) ha solicitado multas multimillonarias a los operadores que se coludieron para bajar el pago de aportes fiscales, afectando principalmente a Gobiernos Regionales y Municipios, principales beneficiarios de la ley», señaló Santibáñez. El consejero enfatizó la gravedad de la situación: «El daño social causado es enorme. Cuantificarlo en obras y proyectos que no se han podido abordar es una tarea que también impulsaremos desde el órgano electo por la ciudadanía».
En Busca de Responsables y Transparencia en la Fiscalización
La indignación del Core Biobío se extiende a la supervisión del proceso licitatorio. Santibáñez fue enfático al criticar a la autoridad competente: «La Superintendencia de Casinos, órgano dependiente del Gobierno de Chile, no puede quedarse impávida ante esta situación. Han sido ellos los que generaron un proceso licitatorio que concluyó con adjudicaciones con escasa difusión y participación ciudadana».
El consejero regional cuestionó directamente la forma en que se manejó el proceso: «Tanto es así, que los consejos regionales fueron invisibilizados en el proceso de evaluación, quedando en manos de un reducido grupo de autoridades la evaluación y ponderación de este proceso. Debemos investigar cómo y quiénes favorecieron este modelo». Esta declaración sugiere la intención de ir más allá de la colusión de las empresas, buscando posibles responsabilidades en la esfera pública.
Primer Paso: Cuantificar el Daño para la Región
Como «hito Cero» en esta ofensiva, Santibáñez anunció una solicitud formal a la unidad de Control del Gobierno Regional del Biobío. El objetivo es claro: «cuantifique cuánto ha sido la pérdida de recursos para la región desde el año 2022 a la fecha, producto de este proceso licitatorio donde el Ministerio de Economía permitió que se le metiera la mano al bolsillo a los habitantes de la Región del Biobío».
La determinación del Core Biobío es firme: no solo se buscará sancionar a los responsables de la colusión, sino también asegurar que los fondos que debieron haber beneficiado a la región sean efectivamente recuperados. Este caso abre un importante debate sobre la fiscalización, la transparencia en los procesos de licitación y la protección de los recursos públicos destinados al desarrollo regional y municipal.
SOJ
