El caso de Martín de los Santos Lehmann, imputado por la violenta agresión a un conserje de la tercera edad en Vitacura, ha tomado un nuevo giro. La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente admitió públicamente haber cometido un error crucial: no solicitar la medida cautelar de arraigo nacional contra De los Santos. Esta omisión permitió que el acusado viajara a Brasil tras su formalización inicial y antes de que se decretara la prisión preventiva en su contra, encendiendo un debate sobre la aplicación de estas herramientas judiciales.
«En ese caso se debió haber pedido su arraigo. Eso se debió hacer. Efectivamente, nosotros lo asumimos y se va a sacar prontamente una instrucción por parte de la fiscal regional, en cuanto a los delitos de una penalidad menor, que no sean de crimen, siempre solicitar la medida cautelar de arraigo», declaró este jueves la vocera de la Fiscalía, Pamela Valdés, en Radio Universo.
El pronunciamiento ha generado amplios comentarios en la opinión pública y levanta una interrogante clave: ¿cuándo es realmente prudente solicitar el arraigo nacional y por qué su ausencia en un caso como este representa un «error»?
Arraigo Nacional: Proporcionalidad y Control en el Proceso
Para comprender la relevancia de esta medida, el profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Rodrigo Guerra, explica que «una medida cautelar como el arraigo nacional ciertamente implica una restricción de la libertad». Como toda cautelar, subraya, es fundamental aplicar el principio de proporcionalidad.
«Es decir, cuál es el fin que se pretende con la medida, si es el medio menos lesivo para obtener ese fin y, tercero, considerar cuál es la gravedad en la pena asignada al delito», detalla Guerra.
El experto añade que, especialmente cuando se trata de delitos de mayor gravedad (crímenes) y un tribunal rechaza la solicitud de prisión preventiva, el arraigo nacional se convierte en una herramienta vital. Permite «controlar el paso en controles fronterizos» con el fin de prevenir que el imputado abandone el país.
De este modo, «ciertamente eso permite y facilita un mayor control, no tan intenso como el de la medida de prisión preventiva, pero sí asegura la comparecencia del imputado al proceso», concluye Guerra. La admisión de la Fiscalía en el caso De los Santos subraya la importancia de este mecanismo para garantizar la continuidad de los procesos judiciales y la rendición de cuentas.
SOJ
