El esperado proyecto de ley que prometía sepultar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y dar vida a un nuevo Sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES) ha encontrado un punto de inflexión. El Ejecutivo sorprendió al Congreso al reducir su urgencia legislativa de «suma» a «simple», una maniobra que no solo concede más tiempo para la discusión, sino que también revela la profunda influencia de las observaciones planteadas por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch). La decisión ha reverberado con fuerza en las comisiones de Hacienda y de Educación, donde la iniciativa comenzó su tramitación.
El cambio de ritmo legislativo ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre la deuda estudiantil y el futuro de la educación superior, con voces parlamentarias que van desde la celebración de una apertura al consenso hasta la crítica por una supuesta «tozudez ideológica».
El Pulso en el Hemiciclo: Entre el Compromiso y la Flexibilidad
Desde la comisión de Hacienda, su presidente, Boris Barrera (PC), reconoció que la oposición «ha hecho un par de puntos que han sido respaldados por expositores que son de su sector», citando específicamente el tema del copago. A pesar de la presión por cumplir con un compromiso de gobierno –que los había llevado a sesionar intensamente con más de 30 invitados para evitar que el proceso se extendiera por meses–, Barrera justificó el cambio de urgencia: «El Gobierno ha estado dispuesto a revisar algunos puntos, y frente a eso necesita un poco más de tiempo». La expectativa es que las indicaciones con propuestas concretas lleguen la próxima semana, permitiendo retomar la votación.
El diputado Carlos Bianchi (Ind.-PPD) aplaudió la decisión, interpretándola como una señal de apertura del Ejecutivo tras la «sólida presentación del Cruch» del día anterior. «Se entiende que el CAE no resiste más, pero el FES no es la mejor solución tal cual está presentado el proyecto al día de hoy», sentenció Bianchi, subrayando que deben mejorarse «aspectos relevantes como el copago», la regulación de aranceles y el sistema de cobro. El parlamentario indicó que el Ejecutivo se habría allanado a un trabajo coordinado para afinar estas materias y destacó la vital presentación pendiente del Consejo Fiscal Autónomo sobre el financiamiento del instrumento.
Por su parte, el diputado Jaime Naranjo (Ind.-PS) vio en la rebaja de la urgencia un intento por «buscar un apoyo más amplio», dada la «complejidad» y la necesidad de «precaución y profundidad» que demanda el proyecto.
La Ciudadanía a la Espera: Acusaciones Cruzadas
Desde la bancada del Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider, quien lideró la tramitación del FES en la comisión de Educación, instó a acelerar el proceso en Hacienda. «La ciudadanía está esperando una respuesta al endeudamiento educativo. Son muchas las familias que ven cómo el sueño de la educación para sus hijos e hijas se transforma en una pesadilla por las deudas educativas», afirmó. Schneider defendió que «terminar con el CAE y los créditos por estudiar es lo mejor para las familias chilenas, para las arcas fiscales y también para las instituciones de educación superior». No dudó en lanzar un dardo a la oposición: «Espero que la derecha deje de trancar la pelota y se abran a llegar a un acuerdo por el bien de los chilenos y chilenas. Este proyecto tiene un alto respaldo ciudadano y un rechazo no les va a salir gratis».
La respuesta desde la oposición no se hizo esperar. Miguel Mellado, jefe de bancada de RN e integrante de la comisión de Hacienda, fue categórico: «El Cruch sepultó el proyecto del Gobierno, dejando en evidencia que la iniciativa, tal como estaba presentada, no cumplía con los estándares mínimos que requiere la educación superior». Para Mellado, la postergación de la votación y el anuncio de indicaciones sustitutivas son una «clara señal de que reconocen que el proyecto era profundamente deficiente». El parlamentario exigió que el retiro de la urgencia no sea una «jugada táctica», sino un «verdadero golpe de realidad frente a la tozudez ideológica con la que el Gobierno insiste en legislar», demandando «un diálogo real con la oposición» y escuchar a todos los actores del sistema.
El futuro del financiamiento de la educación superior en Chile se adentra ahora en una fase de intensa negociación, donde las voluntades políticas y la capacidad de construir acuerdos serán puestas a prueba.
SOJ
