Un duro e inesperado revés judicial ha golpeado directamente el bolsillo de un grupo de trabajadores de Minera Escondida. La retención de una parte significativa de sus liquidaciones salariales marca el primer embargo millonario de sueldos en la compañía, una medida drástica que surge de una decisión del tribunal laboral de Antofagasta y que ha dejado a decenas de familias en una situación de profunda incertidumbre.
La Raíz del Conflicto: Un Bono de 2019 en el Centro de la Polémica
La génesis de este problema se remonta a 2019, cuando el Sindicato N°1 presentó una denuncia. El tribunal laboral determinó que un bono de término de conflicto, otorgado en aquel entonces, estaba ligado a prácticas antisindicales y un pacto contractual que fue considerado «cuestionable». Como consecuencia directa de este fallo, los trabajadores se vieron obligados a restituir ese bono, lo que se tradujo en una dolorosa rebaja en sus salarios.
El conflicto sindical se arrastra desde 2019 en Minera Escondida tuvo un vuelco judicial: 105 trabajadores deberán restituir un bono de $8,5 millones que recibieron tras una negociación colectiva, luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos interpuestos por el sindicato interempresa.
La situación se originó en 2021, cuando el Sindicato N°1 denunció prácticas antisindicales por parte de la empresa, acusando que la negociación firmada con el sindicato interempresa no cumplía con el quórum legal del 10% de los trabajadores exigido para iniciar un proceso reglado. La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la denuncia y declaró la nulidad del acuerdo.
El caso llegó a la Corte Suprema, que en enero de 2025 rechazó los recursos presentados por los afectados, dejando firme el fallo. Hace dos semanas, se ordenó la devolución del monto a través de embargos, permitiendo descontar hasta la mitad del sueldo mensual de los trabajadores involucrados.
«Tenemos hijos, responsabilidades, somos operadores de la mina, trabajamos semanas enteras y algunos llevamos décadas acá. Esto es muy difícil de procesar”, expresó con angustia uno de los trabajadores afectados, reflejando el impacto humano de esta decisión judicial. La medida golpeó a 70 empleados que, en el último día de pago, vieron cómo sus ingresos se reducían drásticamente.
Los trabajadores deberán restituir un bono de $8,5 millones que recibieron como beneficio de término de conflicto tras una negociación colectiva, considerado ilegal por la justicia.
La Justicia estableció que la retención podía alcanzar hasta un 50% de las liquidaciones brutas de los trabajadores como parte de la devolución del bono. Los descuentos aplicados oscilaron -este -este mes- entre los $32 mil y los $2,7 millones, cifras que dan cuenta de la severidad del impacto financiero para cada afectado.
Inicialmente, el tribunal había involucrado a 105 personas en este proceso. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos de ellos ya no forman parte de la empresa, y otros, lamentablemente, han fallecido, reduciendo el grupo directamente afectado. La base embargable promedio se situó en torno a los $3 millones, delineando la difícil situación económica a la que ahora se enfrentan.
Por su parte, la compañía minera ha declarado que cumplirá con la determinación judicial, mostrando su apego a la ley en este complejo escenario. La situación ha generado una comprensible conmoción entre la fuerza laboral, y los afectados han comenzado a recibir apoyo psicológico para afrontar este inesperado y desafiante revés. Este episodio pone de manifiesto la complejidad de las relaciones laborales en la industria minera, especialmente cuando los conflictos judiciales se resuelven con un impacto directo en el bienestar económico de los trabajadores.
SOJ
