Una tensa y breve audiencia de conciliación, que apenas duró diez minutos, puso de manifiesto la profunda brecha entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y las principales operadoras de casinos del país, Enjoy, Marina del Sol y Dreams, acusadas de colusión. La instancia, solicitada por Enjoy ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), terminó sin acuerdo, augurando un litigio complejo y de alto perfil.
La FNE interpuso su requerimiento el 3 de octubre de 2024, acusando a estas tres empresas y a cinco de sus altos ejecutivos de haber coordinado sus acciones en las licitaciones de permisos de operación de casinos realizadas en 2020 y 2021. La Fiscalía busca imponer multas que ascienden a un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones, además de la finalización anticipada de los permisos adjudicados a las compañías, que solo se mantendrían vigentes hasta la entrada en operación de nuevos concesionarios.
La sesión, presidida por la ministra Silvia Retamales, de los cinco integrantes del TDLC, comenzó con la intervención de los abogados de Enjoy, José Miguel Huerta y Juan Pablo Celis Morgan. La ministra, en un tono directo, consultó si la empresa traía una propuesta concreta o si había habido conversaciones previas con la FNE. La respuesta de Huerta, socio de Claro y Cia., dejó atónitos a los casi veinte abogados presentes en la sala: no había una propuesta definida, y el objetivo de la audiencia era solo expresar formalmente la disposición de Enjoy a buscar un acuerdo, amparándose en la «delicada situación financiera» de la compañía, un argumento ya planteado en un escrito previo del 27 de mayo.
Ante la sorpresa general, la ministra Retamales trasladó la pregunta a los representantes de la FNE sobre su disposición a dialogar. Víctor Santelices, jefe de la División de Litigios de la FNE, acompañado por los abogados Cristóbal Méndez, Claudia Arce y Denise Jorquera, respondió con cautela. Si bien manifestó la disponibilidad de la agencia para escuchar propuestas, enfatizó la baja probabilidad de un acuerdo dada la «gravedad del caso», que incluye la existencia de una delación compensada, según testigos. Por el momento, la Fiscalía no tenía lineamientos definidos para una negociación.
La sala se sumió en un silencio de varios segundos cuando la ministra preguntó si el resto de las partes tenían algo que aportar. Fue entonces cuando Radoslav Depolo, abogado y exministro del TDLC, quien asesora a los exgerentes de Dreams, Jaime Wilhelm y Claudio Tessada, rompió el silencio. Depolo explicó que, por «razones personales y por el desgaste» del proceso judicial, su representado Jaime Wilhelm lo había mandatado expresamente para explorar una salida acordada. Araceli Fuenzalida, abogada de Claudio Tessada, adhirió a esta solicitud. Ambos exejecutivos, cabe destacar, han negado los cargos de la FNE en sus respectivas contestaciones. El acta oficial consignó: «El apoderado de Jaime Wilhelm indica su disponibilidad para arribar a un acuerdo y solicita un plazo prudencial para realizar alguna propuesta. La apoderada de Claudio Tessada adhiere a la solicitud precedente».
Pese a la insistencia de Depolo por suspender el procedimiento para facilitar el diálogo con la FNE, la magistrada negó la solicitud. Tras una breve discusión, la jueza declaró el acuerdo frustrado, aunque Depolo insistió en que la diligencia aún no había comenzado. La jueza, sin embargo, replicó que las conversaciones ya habían iniciado y que, de existir una base sólida para un acuerdo, las partes podrían solicitar una nueva audiencia.
El frustrado intento de conciliación deja en claro que el caso de colusión de los casinos se encamina hacia un prolongado y complejo juicio, con graves implicaciones económicas y reputacionales para las compañías involucradas y sus ejecutivos.
SOJ
