La Cámara baja se ha visto envuelta en una controversia que pone bajo escrutinio la justificación de ausencias parlamentarias y el uso de licencias médicas. El caso de la diputada Carmen Hertz (PC), conocida por sus viajes a España para visitar a su hijo, agregado cultural en Barcelona, en épocas festivas, ha encendido las alarmas y se ha convertido en el epicentro de una indagación interna destinada a detectar posibles irregularidades en la presentación de licencias y salidas al exterior.
La situación de los legisladores difiere de la de otros empleados públicos. Sus licencias médicas no están diseñadas para reembolso, sino exclusivamente para justificar ausencias en días de sesión, evitando así multas económicas. Los parlamentarios pueden presentar certificados médicos similares a los escolares, o documentos como resultados de exámenes o recibos de urgencia, todos con el mismo fin: eludir sanciones de hasta $70 mil por día. La distinción radica en que, a diferencia de las licencias, estos otros justificativos se registran como “impedimento grave”.
El problema que aflige a la diputada Hertz, radica en un aparente cruce de información. El 21 de diciembre de 2022, Hertz comunicó un viaje a España. Sin embargo, para esa misma fecha, la Cámara tenía registrada su ausencia por razones de salud, un detalle crucial dado que la diputada padece de pielonefritis crónica, condición que le exige reposo periódico.
Los documentos oficiales revelan la incongruencia. Un aviso enviado por Carmen Hertz, fechado en Valparaíso el 20 de diciembre de 2022 y dirigido al entonces Presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic Verdugo, informaba de su «ausencia del país por un plazo inferior a 30 días, entre el 21 de diciembre de 2022 y el 01 de enero de 2023, para dirigirme a Viaje a España». No obstante, un documento previo, ya publicado, certificaba su ausencia por «justificación médica» para los días «19, 20 y 21 de diciembre de 2022», según la firma del Oficial Mayor de Secretaría.
La diputada Hertz, no se ha pronunciado sobre el particular. Por lo pronto la Cámara atribuyó la situación a un «error de la Cámara», sosteniendo que el certificado médico era para los días 18, 19 y 20 de diciembre. La corporación ha sostenido que se trataba de un «error de la página web» y que el certificado correspondía a tres días a partir del 18. Efectivamente, la Cámara ha corregido la información en su sistema, mostrando ahora la justificación por «impedimento grave» desde el domingo 18 hasta el martes 20 de diciembre de 2022, mientras que para el miércoles 21 solo figura la causal de ausencia por viaje. Sin embargo, los documentos originales con el cruce de fechas persisten en la página institucional.
Por el caso específico de Carmen Hertz, el secretario de la Cámara sostuvo que el caso «lo tenemos que revisar, yo lo vi ayer en su declaración, lo vamos a revisar. Ella lo que dice, por lo que me han expresado, es que habría ido a visitar a un hijo. Hay que ver qué fue lo que puso en la nota de impedimento grave”, explicó.
«Caiga Quien Caiga»: La Cámara Promete Transparencia Total
La polémica se intensificó el miércoles, cuando el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), anunció una investigación exhaustiva no solo para funcionarios y trabajadores, sino también para los propios diputados. «El caiga quien caiga se va a hacer presente, vamos a hacer una investigación acuciosa y seria”, sentenció Castro.
Aunque Castro señaló que no hay casos confirmados de legisladores hasta el momento, la decisión de indagar a los parlamentarios surgió de una reunión de jefes de comités, quienes acordaron dar una señal inequívoca de transparencia e igualdad de trato entre empleados y autoridades. En el encuentro, con participación de todas las fuerzas políticas, se propuso un trabajo amplio que cruzará datos de licencias (ya en poder de la secretaría) y de salidas del país (información que se solicitará a la Policía de Investigaciones). La investigación abarcará a funcionarios de planta, a contrata, trabajadores por Código del Trabajo y a los mismos diputados.
Esta problemática fue inicialmente destapada por un informe de la Contraloría, que denunció 25.078 casos entre 2023 y 2024, tras un cruce de información entre la PDI y la Superintendencia de Seguridad Social. Sin embargo, al no tener el organismo contralor tutela sobre el Congreso, sus autoridades han iniciado su propia pesquisa interna, prometiendo llegar hasta el fondo del asunto.
SOJ
