Una alarmante iniciativa legislativa está cobrando fuerza en el Senado chileno, generando preocupación y encendiendo las alarmas en el mundo periodístico y la sociedad civil. La Comisión de Constitución de la Cámara Alta, integrada por cinco parlamentarios, pretende tramitar de forma expedita una ley que, de aprobarse, podría impedir a los periodistas informar sobre las diligencias desarrolladas en los casos de corrupción más importantes que sacuden al país, como ProCultura o los «Casos Audios», entre otros.
La denominada “moción de protección de antecedentes en proceso penal”, impulsada por los senadores Pedro Araya, Luz Ebensperguer, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti, busca modificar una serie de cuerpos legales con el propósito de tipificar y sancionar con penas de cárcel la divulgación de antecedentes que surgen en una investigación penal reservada.
El punto de fricción es crucial: todas las causas criminales son, por ley, reservadas para terceros ajenos. Esta ambigüedad ha llevado a que no pocos ya califiquen a la iniciativa como un intento de «Ley del Silencio», una versión remasterizada de la otrora Ley Momdaza, un proyecto similar que no vio la luz hace una década.
El Resurgir de una Amenaza a la Libertad de Expresión
En 2016, tras las esquirlas políticas provocadas por los casos Penta y SQM, surgió en el Congreso un proyecto de ley que intentó penalizar no solo al funcionario público que filtrara información reservada, sino también a quienes publicaran dichos antecedentes (testimonios, chats, peritajes, etc.). En aquella época, la propuesta generó una férrea oposición del gremio periodístico y los defensores de la libertad de expresión, y finalmente, la «Ley Mordaza 1.0» fue archivada.
Sin embargo, en las últimas semanas, una versión actualizada, el boletín 17.484-07, ha revivido en los pasillos del Poder Legislativo. Este documento incluso pudo haber pasado a sala el lunes pasado, tras una agilización exprés de la Comisión de Constitución. Los tiempos no calzaron, pero la iniciativa sigue en tramitación en la Cámara Alta, con varios congresistas mostrando la expectativa de lograr el quorum necesario para aprobar un nuevo cuerpo normativo sin precedentes en el país.
La Justificación Parlamentaria: Un Debate Sesgado
En el texto de la moción, los parlamentarios justifican su propuesta señalando que la reforma procesal penal implementada en el año 2000 buscaba «una apertura para fortalecer las garantías del imputado, permitiendo a la defensa un acceso más temprano y amplio a los antecedentes de la investigación, con el propósito de subsanar una histórica asimetría de información».
Según los congresistas, este propósito se vería «desvirtuado con la experiencia reciente» de casos más impactantes de corrupción cubiertos por la prensa nacional. Se lee en el documento: «recientes causas penales de alta cobertura mediática como el ‘Caso Audio’ que involucra la difusión de conversaciones privadas del abogado Luis Hermosilla; o el “Caso Monsalve” con acceso indebido a la carpeta investigativa; la reciente filtración de chats entre la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y la diputada Karol Cariola en el marco de la investigación por el “Caso Sierra Bella”, evidencian una tensión creciente entre el derecho a la intimidad y privacidad de los intervinientes por un lado, y la libertad de información, transparencia y publicidad del proceso penal por el otro, especialmente cuando existen asuntos de interés público».
El Artículo que Pone en Jaque a la Prensa
Los senadores argumentan que existen «filtraciones selectivas con fines ajenos a la mera publicidad de los procesos penales», que «afectan a las personas mencionadas» y que «detrás puede haber fines políticos». Aseguran que «el mal uso del proceso judicial con fines políticos o de desprestigio personal, deriva en la instrumentalización de las instituciones llamadas a hacer justicia». Y concluyen: «Ninguna filtración es desinteresada».
Quienes se oponen a esta «Ley Mordaza 2.0» señalan que ya existen herramientas y leyes vigentes que sancionan a los actores del sistema (fiscales, jueces, policías) que no cumplan con la reserva de los antecedentes de una causa penal. Lo que no hay de forma explícita, y ha sido un tema planteado por el propio Fiscal Nacional Ángel Valencia, es una forma de controlar la filtración de información cuando llega a manos de un querellante que no es funcionario público.
Sin embargo, la moción va mucho más allá de ese legítimo debate. Algunos de los autores de la moción, quienes casualmente han sido mencionados en indagatorias judiciales, apuntan a una modificación del Código Procesal Penal que podría ser aplicada directamente a periodistas y quienes ejerzan el rol en medios de comunicación.
Específicamente, en la página 5 del boletín, se propone: “sustituyese el inciso final del artículo 226 J por el siguiente: ‘El que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo».
Al no detallar quién es “el que”, la redacción se subentiende que no habla en particular de un funcionario público. Esto significa que cualquier ciudadano común que ejerza labores de reportero o un profesional de la prensa podría arriesgar un castigo penal, ya que la ley no lo especifica. La modificación legal que buscan los senadores continúa señalando que «esta sanción se extenderá a los funcionarios que hubieren participado en la investigación y a todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación o, incluso, al hecho de estarse realizando ésta”. Solo en esta segunda parte vuelve a hacer referencia a fiscales, policías, jueces o, incluso, testigos.
La prensa chilena y los defensores de la libertad de expresión ya se preparan para dar la batalla en contra de lo que consideran un grave retroceso para el derecho a la información y la transparencia en la esfera pública.
SOJ
