El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lidera la investigación del caso ProCultura, ha revelado una confesión que siembra una profunda sombra de duda sobre la transparencia del financiamiento de la campaña presidencial de Gabriel Boric. En su insistencia por la fallida interceptación telefónica al Mandatario, Cooper expuso la existencia de una declaración que apunta a un desvío de fondos provenientes de convenios adjudicados a ProCultura, liderado por Alberto Larraín, hacia fines ajenos específicamente, el financiamiento irregular de la campaña del entonces candidato Boric.
La Fiscalía fundamenta la posible veracidad de esta explosiva afirmación en la «estrecha relación» preexistente entre Alberto Larraín Salas, figura clave en el caso ProCultura, y el actual Presidente de la República.
La fiscalía detalló: «Los convenios firmados por la Fundación ProCultura y el Estado tienen un incremento notorio en los años 2022 y 2023, coincidentemente con el actual mandato del Presidente de la República. Tal como se indicó en el escrito presentado (…). Si en los años 2020 y 2021 los convenios y montos fueron por totales de $181.676.386 y $316.849.723, en los años 2022 y 2023 fueron por montos de $3.282.841.556 y $1.808.295.429».
En paralelo el persecutor afirma que «doña Irina Karamanos, ex pareja del Presidente de la Republica declaró como imputada en la presente investigación, dado que trabajó durante 11 meses para la Fundación Procultura y existen transacciones entre ella y la Fundación que están bajo análisis. Es del caso que en la conversación entre el Presidente y Josefina Huneeus, el Presidentele manifiesta directamente su interés en conocer las acusaciones en contra de su ex pareja, Irina Karamanos Adrián».
Reacciones
La reacción de la oposición no se hizo esperar. Chile Vamos convocó de urgencia a una reunión cumbre para la mañana de este sábado, con la participación de sus líderes de partido y abogados penalistas, para evaluar los pasos a seguir ante esta grave acusación.
El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, no ocultó su indignación: «Hemos sabido que la razón por la cual la fiscalía pidió que se ‘pinchara’ el teléfono del Presidente Boric, es porque habían indicios de que la plata que recibió ProCultura era plata para financiar la campaña del mismo Presidente. Si esto es así, es gravísimo, y no se entendería por qué se negó la posibilidad de ‘pinchar’ el teléfono del Presidente, y sí se empieza a entender por qué la persecución de la izquierda contra el fiscal Cooper». Ramírez calificó la situación como un acto de corrupción de «máxima gravedad», sin precedentes desde el retorno a la democracia, exigiendo una aclaración inmediata por parte del Gobierno.
La diputada RN, Marcia Raphael, se sumó al coro de críticas, afirmando que «este Gobierno no sale de una y se mete en otra. Cada día que pasa Chile empeora y no encuentra soluciones a los miles de problemas que estamos sufriendo. Y ahora entiendo todo. Esta administración está tratando de tapar los problemas que ellos mismos cometieron, que son las conclusiones del informe de Fiscalía de que en la campaña de Boric se usó dinero irregular». Raphael exigió al Presidente romper el silencio y dar respuestas inmediatas al país, apelando al respeto que merecen las instituciones.
Desde Evópoli, el subjefe de bancada, Jorge Guzmán, fue aún más directo: «Es evidente: crearon un mecanismo para apropiarse de los recursos de todos los chilenos y transferirlo a los bolsillos de sus amigos de partido». Guzmán demandó una investigación exhaustiva y garantías para que la Fiscalía pueda trabajar sin presiones ni amedrentamientos por parte del Gobierno.
La diputada republicana Sofía Cid calificó la situación como una posible «traición», especialmente para regiones como Atacama que aún esperan mejoras en áreas críticas. «Mientras en Santiago reparten millones entre amigos, la delincuencia avanza, los hospitales no dan abasto y nuestros niños estudian con ratones», enfatizó Cid, exigiendo una investigación «desde el primer peso hasta la última firma».
Finalmente, la diputada Ind-DC, Karen Medina, planteó la urgencia de que las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía y el Poder Judicial, actúen con independencia, investigando y sancionando cualquier acto de corrupción, incluso si involucra al Presidente. «Nadie está por sobre la ley y porque no podemos seguir tolerando que los recursos de todos los chilenos se malgasten de esta manera. Eso es burlarse de la ciudadanía y eso no se puede seguir permitiendo».
La revelación de la Fiscalía ha desatado una crisis política de proporciones, con la oposición en pie de guerra y exigiendo respuestas contundentes por parte del Gobierno. La sombra de la corrupción se cierne sobre La Moneda, y el país espera con expectación el desarrollo de esta investigación que podría tener consecuencias trascendentales para el futuro político de Chile.
SOJ
