La diputada por la región del Biobío, Marlene Pérez, ha manifestado su enérgico rechazo ante la reciente petición del Ejecutivo a los gobiernos regionales para que transfieran recursos a los Servicios de Salud, destinados a cubrir gastos operativos en bienes y servicios. La parlamentaria calificó esta acción como «insólita» y la tildó de «irresponsabilidad» por parte del gobierno central, que a su juicio debería asumir plenamente la gestión financiera de la salud pública.
La parlamentaria acusó al Ejecutivo de una mala administración de los fondos estatales y de intentar ahora, ante la escasez de recursos, trasladar la carga económica a las arcas de los gobiernos locales.
«¿Por qué el que administra el 6% del presupuesto regional debe prestarle dinero al que maneja el 94%?», cuestionó la diputada, refiriéndose a la distribución de fondos entre el gobierno regional y el central. «El Gobernador asume el 6 de enero y al 10 de enero ya le habían quitado $100.000 millones, y ahora, a cuatro meses de su gestión, ¿quieren que financie la operación de los hospitales?».
La parlamentaria también señaló una contradicción en las directrices gubernamentales: «Lo contradictorio es que el Gobierno incluye una glosa de Salud que permite a los GORE financiar la operación, pero al mismo tiempo, la glosa número 3 del Gobierno Regional lo prohíbe expresamente».
Pérez enfatizó que la descentralización no puede ser utilizada como una vía para eludir responsabilidades esenciales del Estado. «Es fundamental que el gobierno asuma su rol en la garantía del acceso a medicamentos e insumos necesarios para el funcionamiento adecuado de los Servicios de Salud. Los recursos deben ser gestionados con transparencia y eficacia, asegurando que lleguen donde más se necesitan, sin trasladar esa carga a los gobiernos regionales», recalcó la diputada.
Ante la persistente crisis que afecta al sector salud, Marlene Pérez concluyó que «la situación actual requiere respuestas ágiles y efectivas que prioricen el bienestar de la ciudadanía, y no más desvíos o excusas que perpetúen problemas históricos en la administración de la salud pública».
SOJ
