El gobierno chileno ha dado un paso firme en la investigación del devastador atentado que arrasó las instalaciones del proyecto Central Hidroeléctrica Rucalhue, en Santa Bárbara, región del Biobío. A través del Ministerio de Seguridad, se presentó una querella invocando la Ley Antiterrorista, señalando directamente al grupo radical mapuche Weichán Auka Mapu (WAM) como el principal grupo sospechoso detrás del ataque incendiario que destruyó más de 50 camiones y máquinas.
La acción judicial, liderada por los abogados Francisca Souper y Felipe Guerrero en representación del Ministerio, se basa en las evidencias encontradas en el lugar del atentado. Según la querella, se hallaron dos pancartas con mensajes alusivos a la liberación de presos mapuche y consignas propias de la WAM, como «LIBERTAD A LUIS TRANAMIL Y TODOS LOS P.P.M. YORDAN LLEMPI, MATÍAS CATRILEO, PRESENTE EN EL WEICHAN. NUESTRO OBJETIVO ES TODO EL WALLMAPU» y «SON 5 AÑOS DE MILITARIZACIÓN, ACCIÓN SABOTAJE, MARICHIWEU».
El gobierno argumenta en su querella que estos hallazgos permiten establecer una conexión directa entre el atentado en Rucalhue y otros actos violentos ocurridos en la macrozona sur, los cuales han sido previamente reivindicados por la WAM. Se describe a esta organización como un grupo estructurado, con más de tres integrantes, de carácter permanente y con una agenda de control territorial en la macrozona. Para lograr sus objetivos, la WAM recurriría a la extorsión a través de atentados incendiarios y sabotajes contra particulares y empresas, buscando desalentar la inversión y forzar el abandono de la zona, utilizando un modus operandi que se caracteriza por la violencia descontrolada y el uso de armas de fuego.
La querella gubernamental sostiene que las acciones de la WAM cumplen con los criterios establecidos en la actual Ley N° 21.732 para ser consideradas terroristas, dada su pluralidad de integrantes, organización funcional, estabilidad en el tiempo, plan delictual, finalidades específicas y la comisión reiterada de delitos similares al atentado de Santa Bárbara.
En este contexto, el Ejecutivo se querella por los delitos de asociación terrorista, incendio, porte ilegal de arma de fuego, porte de arma de fuego prohibida y disparos injustificados, buscando la máxima sanción para los responsables de este grave ataque que ha conmocionado a la región del Biobío y al país.
SOJ
