El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, visitó este jueves Rucalhue para evaluar la situación tras el devastador atentado que dejó más de 50 vehículos incendiados y cuantiosas pérdidas a la empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico. Acompañado de autoridades regionales, policiales y el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, quien representa a los inversionistas de China International Water & Electric Corp (CWE), el ministro se comprometió a reforzar la seguridad en la zona para prevenir futuros ataques.
Uno de los puntos centrales de la visita fue la discusión sobre la protección de la infraestructura crítica, tema que cobró relevancia tras el atentado. Cordero reconoció que, de haber estado vigente la legislación correspondiente, la central Rucalhue probablemente habría sido incluida en el listado de instalaciones protegidas por las Fuerzas Armadas.
«Si la legislación de infraestructura crítica estuviera vigente, y como usted bien sabe, el proyecto de ley se encuentra en tramitación en el Congreso, y tal como existió ayer en la discusión durante la renovación del estado de excepción en el Senado, es altamente probable que Rucalhue hubiera sido clasificada como una infraestructura crítica», afirmó Cordero.
El ministro transmitió al embajador chino y a los representantes de la empresa la preocupación del Estado chileno por los hechos ocurridos, así como las medidas adoptadas y el firme repudio del Gobierno ante este acto terrorista. Cordero enfatizó la necesidad de enviar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas, asegurando que el Estado chileno asume la responsabilidad de proteger este tipo de proyectos.
«Esta vez afectó a una inversión china, pero el día de mañana podría afectar la inversión de cualquier otro propietario», complementó el ministro, subrayando la importancia de garantizar la seguridad para todos los inversionistas en el país.
Cordero reafirmó la postura del Ejecutivo de perseguir el atentado bajo la nueva ley antiterrorista, argumentando que los hechos cumplen con los criterios establecidos en la legislación. «Chile ha dictado recientemente una legislación nueva en materia de antiterrorismo. Es una legislación que al país le costó mucho finalmente concordar, en el contexto de la Agenda de Seguridad Pública se pudo hacer. Es una ley ampliamente compartida en esos términos. En nuestra opinión, los hechos que sirvieron de base a este anunciado califican como tal. Nosotros creemos que bajo esas consideraciones, no solo resulta inadmisible, sino que también es un mensaje del Estado de Chile para quienes han promovido este acto que no puede ser sino calificado de terrorista», aseguró el ministro.
SOJ
