Tras el devastador atentado, por el cual se invocó la ley antiterrorista y que arrasó con 45 camiones y 5 maquinarias en la central Rucalhue, ubicada en Santa Bárbara, recién ahora el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, va a llegar esta tarde a Los Ángeles, Región del Biobío. El alcalde Cristián Oses Abuter, en un llamado a la cordura, solicitó que este grave incidente no sea utilizado como arma política en el contexto de la campaña electoral, mientras que Cordero defendió la efectividad del estado de excepción implementado por el Gobierno.
El ataque, que afectó a las obras de construcción de la central hidroeléctrica Rucalhue Energía SpA, filial del conglomerado estatal chino China International Water & Electric Corp (CWE), representa uno de los episodios más violentos en la Macrozona Sur en las últimas décadas, con una inversión comprometida de US$350 millones y cuya producción permitirá entregar energía eléctrica a 140 mil hogares. Ante la magnitud de los daños, la empresa ha exigido mayores garantías de seguridad.
El Gobierno, en respuesta a la gravedad del atentado, anunció la invocación de la Ley Antiterrorista. El ministro Cordero, quien viaja a Los Ángeles para evaluar la situación y reunirse con autoridades locales y representantes de la empresa, afirmó que la decisión de aplicar la Ley Antiterrorista fue tomada rápidamente el domingo, tras una evaluación inicial. «Nosotros hicimos una evaluación muy temprano el día domingo, yo logré una convicción temprano en la mañana, la transmití al Gobierno, que el Gobierno iba a utilizar por primera vez la Ley Antiterrorista», dijo Cordero.
El ministro también destacó el respaldo del Presidente Gabriel Boric a esta medida, señalando que «un gran impulsor de la Ley Antiterrorista fue el Presidente de la República». Cordero enfatizó la necesidad de abordar estos actos con pragmatismo, calificándolos como «actos terroristas».
En relación a su visita a la zona, Cordero informó que se reunirá con alcaldes, el Jefe de la Defensa Nacional (Jedena) y representantes de la empresa, y que probablemente también se reunirá con subcontratistas de camioneros. El ministro reconoció la gravedad del ataque, describiéndolo como «el más grave desde el punto de vista de la cantidad de bienes incendiados», aunque aclaró que no necesariamente el más grave en términos de exposición de vidas.
A pesar de este incidente, Cordero defendió la efectividad del estado de excepción, argumentando que «en términos absolutos, el número de atentados y violencia en la zona, se ha reducido sustancialmente». Sin embargo, admitió que «acá tenemos un factor que no funcionó y tenemos que tener atención». El ministro explicó que existen particularidades en la zona del Alto Biobío, como problemas de acceso y antecedentes previos de atentados incendiarios, que complican la situación.
Cordero hizo un llamado a no politizar los temas de seguridad, especialmente en un contexto electoral. «Es un error transformar los temas de seguridad, y especialmente este tipo de asuntos, tan graves, como una cuestión electoral», afirmó. El ministro subrayó la importancia de mantener una política de Estado permanente en esta materia.
Finalmente, al ser consultado sobre si la violencia en la Macrozona Sur es un problema sin solución, Cordero respondió que «es este Gobierno el que se ha hecho cargo de esto, los números están ahí (…) los números han sido positivos, pero mientras tengamos atentados de estas características, los números igualmente se van a ver afectados aunque sean en el global positivo, y lo que uno tiene que mantener es una política de Estado permanente».
SOJ
