El futuro operativo de uno de los enclaves logísticos más estratégicos del Biobío entra en una fase de definiciones clave. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) anunció una prórroga de 45 días hábiles para la recepción de antecedentes técnicos y económicos sobre la nueva concesión del Puerto San Vicente, extendiendo el plazo fatal hasta el 15 de junio de 2026.
Este proceso, impulsado por la Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente (EPTSV), busca que el tribunal establezca las condiciones de competencia necesarias para el próximo contrato de arrendamiento del frente de atraque y sus áreas operativas.
El desafío del esquema «Monooperador»
Bajo el marco de la Ley de Modernización Portuaria, la intervención del TDLC es un paso obligatorio. Al proponerse un esquema de monooperador —y ante la inexistencia de otros terminales estatales en la región capaces de recibir naves de gran envergadura—, el Estado debe garantizar que el nuevo contrato no genere distorsiones en el mercado.
Los pilares de la propuesta estatal:
- Contrato a largo plazo: Se proyecta una concesión de 30 años para un terminal multipropósito, con foco en contenedores y graneles.
- Apertura a inversionistas: La estatal sugiere permitir que navieras o grandes exportadores puedan controlar hasta el 100% de la propiedad del concesionario.
- Freno a la concentración: Para evitar riesgos de duopolio, se plantea un límite de participación del 15% para operadores que ya tengan presencia en otros terminales de contenedores del Biobío.
Infraestructura de clase mundial
La licitación no solo busca un administrador, sino un socio inversionista. El nuevo operador tendrá la misión de ejecutar obras que mantengan la capacidad del puerto para recibir naves tipo New Panamax (de hasta 367 metros de eslora), un estándar crítico para mantener la competitividad del comercio exterior chileno.
Hito Cronológico: La actual concesión de San Vicente Terminal Internacional (SVTI) expira en diciembre de 2029. Tras el dictamen del TDLC, la EPTSV planea iniciar la licitación pública en 2028, asegurando una transición fluida y la continuidad operativa del terminal.
Esta extensión del plazo en el TDLC permitirá que todos los actores de la cadena logística presenten sus posturas, asegurando que el diseño de la licitación equilibre la eficiencia operativa con una competencia justa en la Región del Biobío.
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