La Cámara de Diputados se prepara para una votación crucial que podría redefinir la forma en que los automovilistas transitan por las autopistas concesionadas del país. Hoy, a partir de las 14:00 horas, se someterá a escrutinio el proyecto de ley impulsado por el diputado Jaime Mulet, una iniciativa audaz que busca desmantelar el sistema actual de multas para quienes circulen sin el dispositivo electrónico de cobro, conocido como tag.
La moción, que ya superó el filtro de la Comisión de Obras Públicas y Transportes, argumenta que la normativa vigente genera una espiral de deudas desproporcionadas para los usuarios, con sanciones que pueden ascender hasta los $70 mil. Sin embargo, esta visión no es compartida por el mundo empresarial, que ha levantado una enérgica voz de crítica ante lo que consideran un golpe al corazón del sistema de concesiones. Desde que el proyecto comenzó a tomar forma, la preocupación se ha instalado en el sector.
En diciembre pasado, Leonardo Daneri, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), ya alertaba sobre las potenciales consecuencias de la iniciativa. Daneri cuestionó la viabilidad económica de un sistema sin multas, sugiriendo que la propuesta implícitamente traslada la responsabilidad financiera de la infraestructura al Estado.
“¿De qué manera el fisco sostendrá los gastos de construcción, operación y mantenimiento de estas carreteras (aproximadamente US$ 1.180 millones al año)?”, interpeló, tildando la idea de “populismo parlamentario”.
Sus advertencias fueron categóricas: el fin de las multas significaría el retorno a las barreras de peaje prepago, despidiendo el anhelado “free flow” y, en última instancia, sentenciando el futuro de la industria de las concesiones.
Hoy, esas críticas resurgen con fuerza, sumando a la voz de los concesionarios la firme oposición de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Su presidente, Alfredo Echavarría, no escatimó en calificar la moción como una «pésima idea» con «un daño irreparable para las personas y el país».
«Se acabaría el pago automático (telepeajes) y las concesionarias tendrían que volver a poner barreras y casetas para el pago de peajes donde ya han sido eliminadas», vaticinó Echavarría, pintando un escenario de congestión, demoras y frustración para los usuarios. A su juicio, la eliminación de las multas no solo representaría un retroceso en la calidad del servicio, sino que también socavaría el principio fundamental del modelo de concesiones: la recuperación de la inversión privada a través del cobro a los usuarios.
Echavarría fue enfático al señalar que el sistema de concesiones permite al Estado construir infraestructura vial sin incurrir en costos directos, delegando la inversión en el sector privado, cuyo retorno se garantiza mediante el sistema de tag. «Si dejan de pagar los usuarios, el Estado sería el que tendría que hacer el pago por las carreteras para el cumplimiento de los contratos», advirtió, anticipando un nuevo golpe a las arcas fiscales y una limitación en la capacidad del Estado para abordar otras necesidades prioritarias.
Además de la preocupación económica, la CChC alertó sobre la creación de un «mecanismo legal de evasión» y el profundo cambio en las «reglas del juego» definidas por el propio Estado para atraer la inversión privada en infraestructura. Esto, según Echavarría, sembraría incertidumbre sobre el futuro de nuevos proyectos de concesiones actualmente en licitación.
En contraposición a estas críticas, la iniciativa del diputado Mulet propone un cambio sustancial: en lugar de multar, se permitiría a las concesionarias cobrar la tarifa adeudada a través de mecanismos administrativos, sin imponer sanciones económicas adicionales a los conductores. Este punto central busca aliviar la carga financiera que representan las multas, manteniendo a la vez el principio del pago por el uso de la vía.
Con la iniciativa ubicada en el quinto lugar de la tabla de discusión de la Sala, la incertidumbre sobre su votación persiste. Si bien existe la posibilidad de que no alcance a ser debatida hoy, el debate ya está instalado. La propuesta de eliminar las multas por no usar tag ha desatado una confrontación de visiones sobre el futuro de las autopistas concesionadas en Chile, un pulso entre la búsqueda de alivio para los usuarios y la defensa de un modelo que ha sido fundamental en el desarrollo de la infraestructura vial del país. El resultado de la votación marcará un antes y un después en la forma en que los chilenos se desplazan por sus carreteras.
SOJ
