El Ministerio Público defendió la legalidad del allanamiento realizado a la casa de Karol Cariola, presidenta de la Cámara de Diputados, tras las acusaciones que surgieron sobre el procedimiento y el momento en que se llevó a cabo, justo después del nacimiento de su hijo. El fiscal jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, explicó que la diligencia fue solicitada por la Fiscalía Regional de Coquimbo, ejecutada por la Policía de Investigaciones (PSI), la cual obtuvo las autorizaciones judiciales correspondientes de un tribunal de garantía, tras evaluar los antecedentes del caso. «Es una diligencia conforme al mérito de los antecedentes en la cual el Ministerio Público solicitó, la fiscalía regional de Coquimbo, solicitó autorizaciones judiciales, las que fueron otorgadas por parte del tribunal de garantía, sopesando cada uno de los antecedentes, respecto de los cuales fueron ejecutadas por parte de la Policía de Investigaciones (PDI)», comentó.
Respecto a las críticas por el horario del allanamiento, Campos explicó que los detalles de la investigación no pueden ser divulgados en este momento, ya que se encuentra en pleno desarrollo. «Cualquier otra circunstancia son antecedentes propios de la investigación», señaló, subrayando que el objetivo de la diligencia es esclarecer hechos relacionados con posibles delitos. En relación con el anuncio de Cariola de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el fiscal expresó que cualquier ciudadano tiene derecho a ejercer los recursos legales que considere pertinentes, aunque evitó profundizar en el tema.
Cuando se le preguntó si la Fiscalía sabía de antemano que la diputada iba a dar a luz en ese periodo, Campos se abstuvo de dar detalles adicionales, remitiendo a las declaraciones previas del fiscal Patricio Cooper sobre el caso. «Todas las diligencias se ejecutan conforme a la legalidad y siempre con el objeto de esclarecer hechos», reiteró.
En cuanto a la posible filtración de información sobre el teléfono incautado a Cariola, el fiscal destacó que el Ministerio Público ha implementado medidas para evitar filtraciones, aunque reconoció que, en investigaciones de carácter secreto, algunos detalles pueden ser de conocimiento público para aquellos involucrados en el caso.
Por su parte, la Policía de Investigaciones (PDI) elaboró un informe detallado sobre el allanamiento, el cual será entregado tanto al defensor de Cariola como al Ministerio Público. Fuentes cercanas a la PDI indicaron que la unidad encargada de este tipo de diligencias está acostumbrada a manejar casos mediáticos y de alto perfil, como el que involucra a la diputada. Además, aseguraron que la operación no incluyó una intervención en el hospital donde Cariola dio a luz y que toda la diligencia se coordinó previamente con su pareja, el diputado Tomás de Rementería (PS).
Rementería, quien estuvo presente durante el procedimiento, criticó el allanamiento y calificó la situación como un «descriterio total». Relató que, mientras él estaba en el hospital con su esposa, agentes de la PDI llegaron al departamento de Cariola, donde su madre, que estaba acompañada de los hijos pequeños de la diputada, les indicó que no conocía el lugar. «Llegan y dicen que tienen que entrar, y si no abren, entrarán a la fuerza», comentó el diputado, quien agregó que, tras enterarse de lo sucedido, se dirigió rápidamente al departamento con el traje quirúrgico puesto.
SOJ
