El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región del Biobío ha intensificado la fiscalización de los poderes compradores de avena, ubicados en la provincia de Biobío, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley N°20.656 sobre Transacciones Comerciales de Productos Agropecuarios y su reglamento para la comercialización de avena. Estas acciones buscan asegurar la transparencia en el proceso de comercialización de este importante producto agrícola.
El Director Regional del SAG, Roberto Ferrada, destacó que la ley establece una serie de exigencias para los poderes de compra, con el fin de proteger los derechos de los agricultores y asegurar que estén informados sobre las condiciones que determinan los precios de sus productos. “La ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios como trigo, maíz, avena y uva vinífera, establece una serie de exigencias a cumplir por parte de los poderes de compra, las que buscan asegurar la transparencia en el proceso de comercialización de esos productos, con el objeto que los/as agricultores/as estén informados sobre las condiciones que determinan los precios de sus productos, conociendo de manera cabal las condiciones de pago, como por ejemplo descuentos o bonificaciones por parámetros de calidad como humedad”, explicó el director.
Desde el año 2021, cuando entró en vigencia el Decreto 15, el SAG debe fiscalizar que se encuentre publicado el listado de precios de referencia, que el pesaje en romana o báscula esté calibrado por una entidad registrada ante el SAG, que se tome una muestra y contramuestra de avena, que la recepción del producto cuente con los documentos de respaldo como guía de recepción, guía despacho, mandatos para firmar guía de recepción, verificación del protocolo de custodia de contramuestra, que el análisis de la muestra sea en un laboratorio de ensayo registrado ante el SAG y cuente con respaldo de notificación de resultados al productor
Durante la temporada anterior, el SAG fiscalizó a los seis poderes compradores de avena existentes en la región, detectando una infracción en un laboratorio de ensayo por la ausencia del responsable técnico y la falta de autorización del analista por parte del SAG.
El SAG continuará realizando estas fiscalizaciones para garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger los intereses de los agricultores de la región.
SOJ
