La delegación presidencial del Biobío ha sido denunciada por el uso indebido de recursos públicos en una presunta campaña electoral a favor de Alejandro Navarro. La denuncia fue presentada por Chile Vamos ante la Contraloría Regional del Biobío, solicitando una investigación por actos de proselitismo político realizados durante el horario laboral y utilizando recursos del Estado en las oficinas de la Delegación Presidencial.
Acusaciones respaldadas con pruebas
De acuerdo a la denuncia la Delegación Regional Biobío, «permitió que Navarro participara en una reunión en dependencias de la delegación durante el horario laboral, utilizando recursos públicos para fines políticos. Esto es un acto de campaña electoral, y exigimos una investigación exhaustiva y la sanción de los responsables».
Prácticas reiteradas
Los dirigentes políticos de oposición sostuvieron que «este tipo de conductas, en las que Alejandro Navarro utiliza los recursos de todos los chilenos para su beneficio personal, se han repetido. Es una práctica ilegal según la normativa electoral, y debe ser denunciada públicamente”.
Crítica a la «vieja política»
Andrea Souper, presidenta regional de Evópoli, expresó su rechazo a este tipo de actos, calificándolos como una manifestación de «la vieja política». “Estas conductas pertenecen a prácticas obsoletas que deben ser erradicadas. Lo que está haciendo Navarro, con el respaldo del Gobierno, es un intento desesperado de conseguir votos a pocos días de las elecciones. Este tipo de acciones no pueden quedar impunes y deben ser investigadas».
Pruebas presentadas
Entre las pruebas entregadas, destaca un video en el que se observa a Navarro reunido con dirigentes del sector pesquero artesanal en las instalaciones de la Delegación Presidencial del Biobío. En el video, el candidato promete soluciones que están fuera de su alcance y también se ve a una funcionaria del Ministerio de Economía, quien representaba al Seremi, lo que añade gravedad a las acusaciones.
Es importante recordar que la Contraloría ha establecido en dictámenes previos que los funcionarios públicos y los recursos del Estado deben mantenerse al margen de las campañas políticas, y cualquier contravención a este principio de probidad es considerada una infracción a la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
