El abogado James Argo, candidato a alcalde por Concepción, ha presentado una grave denuncia ante la Contraloría Regional del Biobío, alertando sobre una serie de irregularidades en el proceso de licitación para la recolección de residuos sólidos domiciliarios en el municipio de Concepción. Argo acusa al municipio de un «intento de amarre institucional», señalando que la licitación está diseñada para favorecer a ciertos intereses y comprometiendo a futuras administraciones a un contrato poco transparente y excesivamente costoso.
La licitación en cuestión, con el número 2671-7-LR23, busca adjudicar por seis años un contrato millonario para la recolección y disposición de residuos, así como la limpieza de espacios públicos. Sin embargo, según Argo, este proceso adolece de diversas anomalías que vulneran la normativa vigente y la correcta administración de los recursos públicos.
Entre las principales irregularidades denunciadas se encuentran:
- Abuso de tratos directos: El municipio ha recurrido de manera reiterada a la figura del trato directo para adjudicar este servicio, sin contar con la aprobación de la Contraloría, lo cual es un requisito legal indispensable. Pese a las observaciones de la Contraloría, esta práctica ha continuado, generando un ambiente de opacidad y favoreciendo a ciertos proveedores.
- Presión indebida sobre el Concejo Municipal: Argo denuncia que el Concejo Municipal ha sido presionado para aprobar un trato directo que extendería el contrato por seis años, bajo la amenaza de posibles responsabilidades legales. Esta situación vulnera la autonomía del cuerpo colegiado y limita su capacidad para evaluar las propuestas y tomar decisiones en el mejor interés de la comunidad.
- Costos excesivos y falta de justificación: El valor mensual de la licitación, que asciende a 677 millones de pesos, de acuerdo al análisis hecho por James Argo, resulta desproporcionado en comparación con otras comunas de la región. A juicio del candidato a alcalde por Concepción, este incremento no se justifica con la ausencia de la implementación de nuevas tecnologías o mejoras en el servicio, lo que sugiere una posible sobrevaloración -al parecer- artificial del contrato.
Llamado a la Contraloría
En su intervención, James Argo solicitó a la Contraloría Regional una revisión exhaustiva del proceso licitatorio y exigió que se detenga inmediatamente este contrato hasta que se garantice su transparencia y legalidad. «No podemos permitir que se comprometan los recursos de los penquistas con decisiones que priorizan los intereses de unos pocos sobre las necesidades de la ciudadanía».
Estas eventuales irregularidades, según el abogado, no solo afectan la transparencia y la eficiencia en la gestión municipal, sino que también podrían generar un perjuicio económico para los contribuyentes de Concepción.
Ahora la Contraloría Regional del Biobío deberá iniciar una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones y adoptar las medidas correctivas correspondientes.
