No resulta amable con el sentido común, leer el discurso que amenaza a la sociedad con la
pérdida de puestos de trabajo, si la coyuntura política amenaza una actividad. Tenemos 900
mil chilenos cesantes y un millón y medio de extranjeros con “pega”. ¿Alguien cree que a
los políticos -quienes propiciaron este desequilibrio- les importa una caída de la
ocupación en la pesca industrial? Así es como discursos viejos no abren puertas nuevas.
Sin rodeos: el objeto de un negocio es obtener una ganancia, y no “crear puestos de
trabajo” ¿verdad? La situación política sectorial es delicada, porque las decisiones
parlamentarias pueden inclinarse al temor de ver manifestaciones con quemas de botes
viejos o, perder la masa de 15 mil votantes inscritos como pescadores artesanales
propiamente tal. Tampoco se puede olvidar que la actual ley de pesca nació en medio de
indicios de corrupción por financiamiento ilegal a la actividad política, lo que explicaría el
actual recelo parlamentario “moralista”, renuente al contacto con la industria. Luego, la
seguridad jurídica que debe amparar a toda actividad -con este añoso tipo de discurso-
deviene en baja convocatoria y credibilidad. Sin embargo -perdido Huachipato y su
“efecto multiplicador”- no es cuestión de arriesgar así nomás, la empleabilidad que requiere
y ofrece la industria pesquera.
No obstante, se advierte un concepto sugestivo que asoma en la queja que fundamenta la
amenaza sectorial; la ausencia de un “debate legislativo en igualdad y equidad”, que
sugiere la necesidad de enfrentar con la ley y la Constitución, las probables conclusiones
parlamentarias. La Carta señala que: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer
diferencias arbitrarias”, y la ley de libre competencia tiene como misión “objeto promover
y defender la libre competencia en los mercados”. ¿Cómo pueden conciliarse estas
prescripciones entre una unidad económica formal y regulada, y otra a la que se permite
eximirse de las mismas?
Se dice en la mecánica cuántica que, un problema en un sistema complejo, se resuelve
descomponiendo el sistema complejo, en las partes sencillas que lo componen. ¿Cuántos
profesionales universitarios absorbe la pesca artesanal? ¿Cuánto IVA, u otros impuestos,
recauda el Estado por la comercialización de la producción artesanal en ferias y mercados?
¿Cuánto recauda FONASA desde los sueldos de las dotaciones de embarcaciones
artesanales? ¿Cuántas pensiones “asistenciales” deberá pagar el Estado por la desregulación
previsional del sector artesanal? ¿Cuánto gasta el Estado en bonos o subsidios para estos
trabajadores?
Los recursos del mar chileno son comunes a todos. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad social
de la industria artesanal que justifica eximirlos de regulaciones? ¿Cómo se expresa el
beneficio que recibe la sociedad como resultado de la protección legal a la pesca artesanal?
¿Cómo hacer que el fruto de una o más regulaciones queden en la administración de las
comunas en que se producen? ¿Cuáles son los méritos que una y otra unidad económica
-industrial y artesanal- pueden hacer valer ante la comunidad, como para asignarles parte de
los recursos que pertenecen a todos?
El “razonamiento” parlamentario debe alimentarse, y no retrotraerse a antiguas posiciones
de “juerza”. Se requiere un cambio de giro en el fundamento del debate. La pesca de los
recursos de todos debe contemplar regulaciones iguales para el total de los actores,
partiendo por aquellas de índole previsional, de seguridad y remuneraciones, en las
embarcaciones. Esa definición debiera ser la base previa concordada, antes de discutir
cuanto recurso puede capturar cada unidad económica.
Se atribuye a Confucio (“Diálogos”) haber concluido que, las palabras deben significar lo
que quieren decir porque de lo contrario, lo que debe ser hecho, queda sin hacer. Una nueva
ley de pesca es una oportunidad para un debate parlamentario sobre la rentabilidad social
esperada de la actividad, así como la igualdad de exigencias a los actores. Es la comunidad
-y no el Gobierno- quien aprecia la justicia.
Jorge Retamal Villegas
