La aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que podría prohibir las llamadas spam o de contenido publicitario sin el consentimiento previo del usuario, ha generado una fuerte alarma en el sector de las telecomunicaciones. Según el Sindicato Interempresa de las Telecomunicaciones (Sincotel) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), esta normativa podría poner en riesgo cerca de 30.000 empleos en el país.
Las organizaciones sindicales argumentan que la creciente externalización de servicios por parte de las empresas de telecomunicaciones, sumada a las restricciones impuestas por el proyecto de ley, están generando una contracción en el empleo del sector. Carmen Miranda, presidenta de Sincotel, y Carolina Moreno, vicepresidenta de la UNT, expresaron su preocupación por esta situación, señalando que los trabajadores se están viendo afectados por la pérdida de oportunidades laborales y la precarización de sus condiciones.
Los sindicatos han manifestado su desacuerdo con la mesa de trabajo del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que busca limitar las llamadas comerciales. A juicio de las organizaciones sindicales, esta iniciativa, lejos de proteger a los consumidores, podría generar efectos perversos como la concentración del mercado y la disminución de la competencia.
«La limitación de las llamadas comerciales podría atentar contra la libre competencia y beneficiar a las empresas más grandes del sector», advirtieron los sindicatos. Además, denunciaron que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ya está investigando posibles prácticas colusorias en el mercado de las telecomunicaciones.
Ante este escenario, Sincotel y UNT solicitaron al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, una mayor participación en las iniciativas que impulsa el gobierno en este ámbito. Las organizaciones sindicales consideran que es fundamental que sus representantes sean incluidos en las mesas de diálogo para abordar los desafíos del sector y garantizar la protección de los derechos de los trabajadores.
